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Las “sucias operaciones” de Proactiva siguen costando millones a Tuxtla / Héctor Estrada

Las “sucias operaciones” de Proactiva siguen costando millones a Tuxtla / Héctor Estrada

Las denuncias y señalamientos contra Proactiva, responsable del manejo de los desechos urbanos en la capital chiapaneca, continúan sumándose a una larga lista de irregularidades que han acompañado a la empresa desde su proceso de licitación e inicio de operaciones, hace ya alrededor de ocho años.
Proactiva-Tuxtla ha estado desde su instalación bajo la gerencia de Omar Sánchez Fernández; un personaje procedente de la Ciudad de México que apareció de la nada en la escena empresarial de Chiapas, sin un currículo que avalara alguna prominente experiencia dentro de la iniciativa privada a nivel nacional.
Sus vinculaciones personales con los últimos cuatro ex alcaldes de Tuxtla Gutiérrez han sido recurrentes temas dentro de la prensa estatal debido al turbio proceso con el que se asignó la concesión de 20 años a la empresa y la vigilancia prácticamente cómplice con la que las autoridades municipales han solapado sus múltiples irregularidades.
El proyecto de concesionamiento se gestó en la administración municipal de Juan Sabines Guerrero y se concretó durante el interinato de Rosario Pariente Gavito, en 2006. Un proceso presuntamente avalado por Transparencia Mexicana, donde fue precisamente la transparencia lo que a todas luces hizo falta.
De esta forma, aunque la empresa se ha negado a hacer pública la documentación oficial que revele los nombres de sus socios, se ha relacionado dentro de la mesa directiva de Proactiva a personajes como Juan Carlos López Fernández, brazo derecho del entonces candidato a la gubernatura por el PRD-PT, Juan Sabines Guerrero.
Y es que, la cuchara con la que se sirve mensualmente dicha concesionaria es sin duda un negocio redondo. Durante los últimos ocho años se ha embolsado más de 800 millones de pesos que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez le pagado por los servicios de recolección, separación y tratamiento de la basura que se genera en la ciudad.
A Proactiva los tuxtlecos le pagan mensualmente nueve millones de pesos por supuestos servicios en “nivel de excelencia”, además del recurso extra que la empresa percibe por la venta del material reciclable que recolecta.
Actualmente, ni las denuncias y evidentes muestras de contaminación han sido suficientes para que las autoridades ambientales o municipales se involucren de manera enérgica en el caso. No ha habido acciones contundentes que determinen la responsabilidad de Proactiva en el daño ambiental que hoy genera su relleno sanitario.
A ocho años del inicio de sus operaciones no existen documentos públicos que esclarezcan el origen de Proactiva y sus socios reales en Tuxtla Gutiérrez. Lamentablemente, aún no se sabe a ciencia cierta quien o quienes se enriquecen de este negocio redondo heredado por administraciones pasadas.
No queda de otra que exigir a las actuales autoridades municipales un proceso de investigación a fondo para disipar añejas sospechas o, de plano, esperar el ingreso de una nueva administración municipal con distinto “color y origen” para conocer el trasfondo real de este concesionamiento millonario que “sangra” las arcas municipales.

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