En el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, queda reflexionar sobre las circunstancias que hacen difícil la subsistencia de nuestras raíces lingüísticas. Un tiempo, donde la discriminación, falta de interés gubernamental o, incluso, odio, amenazan la existencia de los pueblos originarios
Marco Aquino / Aquínoticias
«Hablamos de revitalización lingüística, pero ¿quién hablará esas lenguas cuando a los hablantes nos están matando?», externó la ciudadana Selene Yuridia Galindo Cumplido, originaria de Durango y hablante del idioma o»dam desde la tribuna del salón del Pleno, en el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, declarado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
Esa pregunta debería hacer eco en Chiapas, dónde los indígenas son víctimas de persecución, desplazamiento, discriminación y hasta son usados como «chivos expiatorios». Las lenguas originarias están tan en peligro como sus habitantes.
La ciudadana, durante su discurso, destacó que para que una lengua exista «tiene que haber gente que la hable, que la entienda, que cante en ella, que ore en ella, que regañe, que enseñe, que viva la lengua», lo cual cada día se vuelve una tarea imposible, donde ser indígena es una vulnerabilidad.
Recordemos también la participación de Pedro Estrada Hernández, originario de Ocotepec, Chiapas, quien subió a tribuna el 10 de septiembre, desde donde amonestó, diciendo que, como joven, está ahí «gracias a la lucha de un pueblo que ha resistido durante más de medio siglo para mantenerse de pie, pese a 200 años de agravios, injusticias, discriminación, racismo, exclusión y empobrecimiento».
Tal como refiere Estrada Hernández, durante demasiado tiempo los pueblos indígenas han visto el «progreso» como algo negativo, extinguiéndose a su paso y ante las injusticias sistemáticas y sociales.
La falta de interés gubernamental porque haya verdadera justicia para las comunidades indígenas es evidente, las defensorías locales y traductores son insuficientes, por lo que es común que muchas personas pasen años sin condena en las diferentes cárceles de Chiapas.
De acuerdo al abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Gilberto Hernández, el centro humanitario ha estudiado los expedientes penales de decenas de reclusos, y al menos en menos 60 casos, hay evidencia de detenciones arbitrarias y tortura como método para declararse culpables de delitos que posiblemente no cometieron, publicó Aristegui Noticias.
Otro problema recurrente son desplazamientos forzados, por ejemplo, la disputa de un predio de 60 hectáreas entre los pobladores de Chenalhó y Chalchihuitán generó la huida de entre 4 mil y 5 mil personas, ante la violencia generada en la zona desde finales de 2017. Las familias afectadas aún esperan ayuda del Gobierno.
