La iniciativa de Sheinbaum, ya turnada a comisiones en el Congreso, permitiría restringir el efectivo por sectores y obliga a proveedores a habilitar infraestructura para recibir pagos digitales y resolver contingencias
AquíNoticias Staff
La propuesta del Gobierno federal para digitalizar la economía mexicana contiene una facultad que va más allá de permitir pagar con el teléfono, utilizar CoDi o abrir una cuenta bancaria a distancia: la Secretaría de Hacienda podría determinar actividades económicas donde los pagos electrónicos sean la única forma aceptada.
La disposición aparece en la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 9 de septiembre. El proyecto permanece pendiente en comisiones de origen y, por tanto, todavía no es derecho vigente.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado la propuesta principalmente como parte de una estrategia para disminuir gradualmente el uso del efectivo. Entre los beneficios señalados por su gobierno están mayor seguridad, menores costos de transacción, formalización económica y facilidad para realizar pagos mediante mecanismos electrónicos.
Pero el alcance del proyecto no termina ahí.
El artículo 13 facultaría a Hacienda para determinar los llamados “sectores estratégicos” y “actividades relevantes” en los que los medios digitales y electrónicos “podrá[n] ser la única forma de pago”. La iniciativa no establece una prohibición general del efectivo ni ordena que todos los comercios dejen de recibirlo. La restricción dependería de los sectores que posteriormente determine la Secretaría.
Ahí aparece uno de los puntos centrales del debate: la propia ley no enumera cuáles serían esos sectores ni desarrolla criterios específicos para decidir cuáles entrarían en ese régimen. Esa definición quedaría para una determinación posterior de Hacienda.
Si el proyecto se aprobara en los términos presentados, Hacienda tendría 15 días hábiles después de la entrada en vigor para realizar una primera determinación de sectores y podría ampliarla posteriormente. Después correspondería a las autoridades sectoriales emitir las condiciones y mecanismos para la transición.
La discusión ya comenzó a aterrizar en actividades concretas. Durante los trabajos legislativos del 23 de septiembre, funcionarios federales señalaron ante diputados que una aplicación inicial se concentraría en autopistas y gasolineras. Sin embargo, esos sectores no aparecen expresamente nombrados en los 22 artículos de la iniciativa original, por lo que su inclusión dependería de las determinaciones posteriores.
La diferencia no es menor. Una cosa es ofrecer al consumidor otra modalidad para pagar y otra establecer actividades donde el efectivo deje de ser una alternativa.
El proyecto contempla además una salida ante fallas: cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, podría utilizarse efectivo o cheque. También dispone que, para instrumentar los mecanismos digitales, deberá habilitarse infraestructura y atender las contingencias que impidan su recepción.
La transición, sin embargo, ocurriría en un país donde el efectivo continúa siendo el principal medio de pago para buena parte de la población.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 del INEGI encontró que 73.5% de las compras nacionales superiores a 500 pesos se realizaban principalmente en efectivo, contra 19% mediante tarjeta y 7.6% mediante transferencia electrónica o aplicaciones.
La distancia aumenta en el sur del país.
En esa región —integrada, entre otras entidades, por Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco— el efectivo concentraba 82% de las compras superiores a 500 pesos. Las tarjetas representaban 11.7% y las transferencias o aplicaciones apenas 6.3%.
En localidades rurales de todo México, la diferencia es todavía mayor: 88% de las compras superiores a 500 pesos se realizan en efectivo, frente a 8% con tarjeta física y 4% mediante transferencias o aplicaciones móviles.
Esas brechas forman parte de las preocupaciones planteadas durante el análisis legislativo. Representantes políticos, empresariales y sociales han pedido que cualquier transición sea gradual para evitar afectaciones a personas sin cuenta bancaria, comunidades rurales, adultos mayores o usuarios sin conectividad suficiente.
La iniciativa también busca extender los pagos digitales al propio Estado. Los tres órdenes de gobierno tendrían que realizar acciones para aceptar mecanismos electrónicos en trámites y servicios, como parte de una estrategia más amplia de digitalización administrativa.
El gobierno sostiene que esta transformación puede generar historiales financieros, facilitar el acceso a servicios bancarios y aumentar la formalización. La pregunta legislativa es hasta dónde debe llegar esa política cuando el pago digital deja de ser una alternativa y puede convertirse, por decisión administrativa posterior, en la única vía disponible.
Porque la iniciativa no elimina hoy el efectivo en México. Lo que sí propone es crear el mecanismo jurídico para que Hacienda pueda decidir, sector por sector, dónde podría dejar de ser una opción.
