Los 30 mil desplazados por la violencia en Chiapas / Hector Estrada

La cloaca destapada por las redes sociales y los medios nacionales tras lo sucedido en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán hizo tema nacional e internacional a sólo uno de los tantos ejemplos de violencia que actualmente persisten en algunos municipios de Chiapas, donde la miedo y la impunidad siguen expulsando a miles de familias de sus hogares.
Aunque la violencia y corrupción descarada en Pueblo Nuevo se convirtió en la novedad noticiosa de las últimas semanas, para los habitantes de la Zona Norte de Chiapas esta terrible situación no tiene nada de nuevo.
Durante los últimos ocho años, los ejecutados, desapariciones y episodios de violencia armada han sido una constante que ha arrebatado a los pueblos del norte de las manos de sus habitantes para convertirlos en territorios sin ley. Son sitios que los grupos delincuenciales han ocupado, bajo la supervisión muda y permisiva de las autoridades.
Es casi una complicidad de terror que ha empujado a miles de familias a huir de sus hogares, de sus tierras, de su legado familiar con tal de salvaguardar la vida. Porque aunque parecieran inexistentes para muchos reportes oficiales y medios de comunicación, los desplazados por la violencia en Chiapas son una realidad.
De acuerdo a la investigación «Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana», de la autora Laura Rubio, bajo la coordinación del ITAM y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDHD), de 2006 a la fecha se tienen contabilizadas a 30 mil personas desplazadas por la violencia en Chiapas.
Según este mismo trabajo documental, la entidad chiapaneca es el segundo estado con la mayor cantidad de personas desplazadas, sólo por detrás del Valle de Juárez, Chihuahua, que contabiliza más de 110 mil personas en dicha condición. Además de Veracruz y Sinaloa que siguen a Chiapas con 15 mil y seis mil desplazados, respectivamente.
La cifra habla de una realidad que ha querido ser ignorada o, por lo menos, minimizada durante los últimos años. Es un dato duro que deja ver los niveles de violencia a la que hoy se enfrentan miles de familias chapanecas, principalmente en zona indígenas.
Es un escenario disimulado que ha dejado pocas alternativas para sus habitantes, donde la ley que rige al resto del país no es aplicable y las familias desesperadas no tienen de otra que huir a ciudades menos inseguras. Esos son los «pueblos de la violencia» que requieren de más Enoc Díaz en prisión y no pueden seguir esperando escándalos mediáticos para activar la acción de la justicia.

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