Claudia Sheinbaum aseguró que México no aceptará acuerdos que afecten su soberanía o su economía. La ley del tratado le permite rechazar modificaciones, pero una disputa prolongada con Estados Unidos podría frenar inversiones, aumentar la presión sobre sectores industriales y mantener bajo incertidumbre a una economía que envía 83.3% de sus exportaciones a ese mercado
AquíNoticias Staff
Claudia Sheinbaum fijó esta semana un límite para las negociaciones comerciales con Estados Unidos: México está dispuesto a alcanzar acuerdos dentro de la revisión del T-MEC, pero no aceptará condiciones que, a juicio de su gobierno, afecten la soberanía nacional o perjudiquen la economía.
“No vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a nuestra soberanía o alguna afectación a nuestra economía”, dijo la presidenta el 9 de septiembre, mientras los dos gobiernos continúan negociando una lista de 54 asuntos planteados por Estados Unidos, entre ellos barreras no arancelarias y diferencias regulatorias. Sheinbaum aseguró que la mayoría ya han sido atendidos, aunque reconoció que todavía quedan puntos sobre los que Washington busca mayores avances.
Entre los asuntos que México considera negociables mencionó propiedad intelectual, combate a la piratería y mecanismos para agilizar el reconocimiento de ciertos registros sanitarios. En cambio, sostuvo que los temas que involucren decisiones que correspondan exclusivamente a México quedarán fuera de cualquier acuerdo.
La posición ocurre además en una negociación donde México intenta reducir las tarifas estadounidenses que afectan al acero, aluminio y sector automotriz, y evitar nuevas medidas arancelarias. Al mismo tiempo, Washington busca fortalecer su producción interna y endurecer determinadas condiciones comerciales y de contenido regional.
Ahí aparece la pregunta que trasciende la declaración presidencial:
¿México realmente puede negarse a firmar cambios al T-MEC?
La respuesta jurídica es sí.
El propio tratado establece que cualquier modificación necesita el acuerdo escrito de las partes y sólo puede entrar en vigor cuando México, Estados Unidos y Canadá hayan completado sus respectivos procedimientos legales de aprobación. Ninguno de los tres puede modificar unilateralmente el texto y obligar a los demás a aceptarlo.
Eso significa que México puede rechazar una nueva regla de origen, una obligación regulatoria o cualquier otra modificación que considere inconveniente sin que esa negativa implique automáticamente abandonar el T-MEC.
Y ésta es una precisión central para entender el momento actual: el tratado no está a punto de desaparecer.
La primera revisión conjunta ocurrió el 1 de julio de 2026. Estados Unidos decidió entonces no confirmar una extensión inmediata del acuerdo por otros 16 años en su forma actual. Eso activó el mecanismo previsto en el propio T-MEC: el tratado continúa vigente hasta 2036 y habrá revisiones anuales mientras los tres países no acuerden extenderlo. En cualquier momento antes de su vencimiento pueden confirmar conjuntamente una nueva extensión de 16 años.
México, por tanto, no negocia frente a una amenaza inmediata de quedarse sin tratado.
Tiene margen jurídico y tiempo.
Lo que tiene en menor medida es margen económico para mantener indefinidamente un desacuerdo con Estados Unidos.
Los datos muestran la dimensión de esa dependencia. En 2026, 83.3% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, según Data México con información de Banco de México. Más de ocho de cada diez dólares que México obtiene por ventas al exterior dependen de ese mercado.
Esa concentración convierte cualquier deterioro prolongado de la relación comercial en un riesgo particularmente sensible para México.
La primera consecuencia podría aparecer en la inversión.
Banco de México ya había advertido que la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC estaba contribuyendo al débil desempeño de la inversión durante 2026. Incluso sin una ruptura del tratado, una empresa puede posponer una planta, una ampliación o una nueva línea de producción si desconoce cuáles serán las reglas comerciales de los próximos años.
La segunda consecuencia recaería sobre sectores donde las cadenas productivas de los dos países están especialmente integradas.
Automóviles, acero y aluminio han formado parte de las rondas bilaterales realizadas durante 2026. Una diferencia prolongada sobre aranceles, reglas de origen o contenido regional puede modificar costos de producción, reducir competitividad o cambiar decisiones sobre dónde instalar nuevas inversiones.
La tercera consecuencia es menos inmediata, pero posiblemente más profunda: años de incertidumbre.
Como el tratado continuará vigente hasta 2036 aun sin una extensión anticipada, el escenario no necesariamente sería una ruptura repentina. Podría ser una sucesión de revisiones y negociaciones sin una definición de largo plazo.
Para las empresas, esa diferencia importa.
Una fábrica puede seguir exportando hoy y, al mismo tiempo, aplazar inversiones porque desconoce qué reglas encontrará cinco o diez años después.
Eso no significa, sin embargo, que México negocie sin cartas.
La relación también genera costos para Estados Unidos.
El comercio de bienes y servicios entre ambos países alcanzó aproximadamente 964 mil 100 millones de dólares en 2025. México fue además el principal mercado para las exportaciones estadounidenses de mercancías.
No se trata, por tanto, de dos economías que simplemente se venden productos terminados.
Décadas de integración han creado cadenas en las que componentes, materias primas y productos cruzan varias veces la frontera antes de llegar al consumidor.
Eso explica que incluso Estados Unidos haya colocado entre los objetivos de las negociaciones de 2026 el fortalecimiento de la manufactura norteamericana y de las cadenas regionales de suministro.
Ese interés constituye parte del poder negociador mexicano.
Si Washington quiere producir más dentro de Norteamérica, reducir la presencia de insumos provenientes de economías ajenas al tratado y competir industrialmente con China, México sigue siendo una pieza de esa estrategia.
La interdependencia, sin embargo, no elimina la asimetría.
México depende proporcionalmente mucho más del mercado estadounidense y Washington conserva instrumentos de presión comercial que no requieren necesariamente modificar el texto del T-MEC. Las tarifas sobre acero, aluminio y automóviles que actualmente intenta reducir el gobierno mexicano muestran precisamente que la negociación no ocurre exclusivamente dentro de las cláusulas del tratado.
Por eso la postura planteada por Sheinbaum sí es viable, pero no es gratuita ni ilimitada.
México puede rechazar modificaciones.
Puede mantener el tratado vigente.
Puede utilizar el peso de las cadenas productivas regionales para negociar.
Pero una confrontación prolongada puede traducirse en inversiones aplazadas, mayor incertidumbre para empresas, presiones sobre industrias exportadoras y decisiones de producción que eventualmente busquen reducir la exposición al riesgo comercial mexicano.
También existe el escenario contrario.
Si la negativa mexicana obliga a Washington a moderar exigencias que resultarían costosas para las propias empresas estadounidenses, México puede obtener mejores condiciones sin sacrificar el acceso comercial que busca preservar.
Esa es precisamente la apuesta.
Sheinbaum no plantea romper con Estados Unidos ni abandonar el T-MEC. De hecho, ha reiterado que quiere conservar la integración norteamericana y alcanzar un acuerdo también con Canadá. Su posición consiste en mantener esa relación sin aceptar condiciones que el gobierno considere incompatibles con los intereses nacionales.
El éxito de esa estrategia no podrá medirse simplemente por la capacidad presidencial para decir “no”.
Se medirá después.
En qué exigencias logra modificar la posición estadounidense, cuánto tarda en conseguirlo y, sobre todo, cuánto le cuesta a México sostener la negativa mientras negocia.
