Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa que busca reformular la política ambiental alrededor de prevención, restauración, justicia, economía circular y protección del patrimonio biocultural. La propuesta todavía deberá ser discutida por la Cámara de Diputados
AquíNoticias Staff
Durante casi cuatro décadas México cambió mucho más rápido que una de sus principales leyes ambientales. Crecieron las ciudades, se multiplicaron los residuos, aumentó la presión sobre bosques, selvas y costas, el cambio climático dejó de ser una advertencia distante y los conflictos por agua, territorio y recursos naturales adquirieron otra dimensión.
Ahora el Gobierno federal quiere modificar ese andamiaje.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, una propuesta que será enviada a la Cámara de Diputados y que pretende actualizar el marco construido desde 1988 para enfrentar problemas ambientales que entonces tenían otra escala.
El punto merece una precisión: todavía no es una nueva ley vigente. El documento inicia ahora su recorrido legislativo y podrá ser discutido, modificado y eventualmente aprobado por el Congreso.
“Se va a enviar por parte del Gobierno de México, de Semarnat, para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar, restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”, explicó Sheinbaum al presentar la iniciativa.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, colocó el cambio bajo una idea que atraviesa toda la propuesta: dejar de considerar a la naturaleza como un asunto separado del desarrollo.
La intención, según la funcionaria, es construir una relación donde bienestar, inversión, prosperidad y protección ambiental puedan formar parte de una misma decisión pública.
Ahí aparece uno de los cambios de enfoque más interesantes: prevenir antes de pagar por el daño.
Durante décadas, buena parte de la política ambiental ha terminado interviniendo cuando un río ya está contaminado, un ecosistema degradado, un bosque fragmentado o una comunidad afectada. La iniciativa propone colocar mayor peso en evitar que esos daños ocurran y fortalecer posteriormente las obligaciones de restauración.
Ese principio puede parecer sencillo. Llevarlo a la práctica implica algo bastante más complejo: que la variable ambiental entre desde el comienzo en las decisiones sobre territorio, infraestructura, actividades productivas, residuos y aprovechamiento de recursos.
La propuesta también incorpora el concepto de justicia ambiental, con acceso a información y mecanismos para defender derechos cuando una decisión ambiental afecta a personas o comunidades.
Esto resulta especialmente relevante en territorios donde conservar naturaleza y garantizar condiciones de vida no son asuntos separados. Para estados como Chiapas, donde comunidades rurales e indígenas conviven directamente con selvas, bosques, ríos, costas y actividades agropecuarias, la manera en que finalmente se redacten y apliquen estas reglas tendrá consecuencias que irán mucho más allá de los escritorios de Semarnat.
Otro de los ejes plantea combinar conocimiento científico, innovación y tecnología con saberes ancestrales. La intención es reconocer que la gestión de un territorio no comienza únicamente con instrumentos técnicos modernos: existen comunidades que han construido durante generaciones formas propias de relacionarse con agua, semillas, bosques y biodiversidad.
La iniciativa también apunta hacia una economía que produzca menos basura y aproveche más materiales. Es decir, pasar gradualmente de la lógica de usar y desechar hacia formas de economía circular, donde reparación, reutilización y reciclaje tengan mayor peso.
Bárcena sintetizó la propuesta en diez principios: reconocer al patrimonio natural como base de la vida y el bienestar; vincular justicia social y ambiental; prevenir antes que reparar; conservar y restaurar; utilizar conocimiento para sustentar decisiones; gestionar el territorio con participación de la población; fortalecer la cultura ambiental; reducir el desperdicio; proteger a quienes defienden la naturaleza y asumir el patrimonio biocultural como una responsabilidad nacional.
Uno de ellos merece particular atención: proteger a las personas defensoras del ambiente.
Una ley puede reconocer esa obligación. El desafío será conseguir que ese principio se traduzca posteriormente en instituciones capaces de prevenir agresiones, ofrecer protección efectiva y garantizar que denunciar daños ambientales no coloque a una persona o comunidad en mayor riesgo.
Lo mismo ocurre con las promesas de recuperar ríos, barrancas, playas y ecosistemas.
Una legislación puede establecer herramientas, responsabilidades y procedimientos. No limpia por sí misma un río ni recupera por decreto una selva. Para que esos objetivos abandonen el terreno declarativo harán falta presupuesto, vigilancia, autoridades con capacidad técnica, coordinación entre gobiernos y mecanismos que realmente obliguen a reparar los daños.
Ahí estará la prueba de la reforma.
La propuesta llega acompañada de conceptos ambiciosos: justicia ambiental, restauración, participación ciudadana, protección biocultural, economía circular y prevención.
Su importancia no dependerá solamente de cuántos de ellos sobrevivan al proceso legislativo.
Dependerá de algo bastante más tangible: si después de aprobarse resulta más difícil contaminar impunemente, destruir un ecosistema sin repararlo, ocultar información ambiental o dejar sola a una comunidad frente a un daño que afecta su territorio.
México está poniendo sobre la mesa una nueva manera de escribir su política ambiental.
Ahora falta saber qué aprobará el Congreso y, después, si las instituciones tendrán los recursos y la voluntad para convertir esas palabras en protección efectiva.
La presentación oficial de la iniciativa y sus diez principios fue confirmada este 26 de agosto por información difundida por la Presidencia y Semarnat.
