La intolerancia religiosa, la violencia y la inexistencia de autoridades locales eficientes siguen sumando a miles de familias de comunidades indígenas en Chiapas a la lista de desplazados que, según las últimas cifras emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suman más de 30 mil personas en la entidad chiapaneca que hoy no pueden regresar a casa.
Continúa siendo un fenómeno que transcurre frente a la mirada de las autoridades locales, nacionales e internacionales como si se tratase de simples cifras con las que se han acostumbrado a vivir; familias enteras a las que no les ha quedado otra alternativa que huir de sus hogares por la simple falta de gobiernos que garanticen seguridad en sus comunidades.
Aunque muchos atribuyen este abultado número de desplazados al ya añejo conflicto armado de 1994, la verdad es que las condiciones de riesgo, inestabilidad social y segregación siguen lacerando a cuantiosos municipios indígenas de Chiapas.
Esta misma semana, al menos 300 indígenas del municipio de Chenalhó huyeron de su comunidad debido a los constantes conatos de confrontación y violencia con sus vecinos de Chalchihuitán, debido a un conflicto limítrofe que se mantiene como fuego vivo aún frente a la cara de los responsables de resolver este tipo de problemáticas.
En el caso de Chenalhó (el más reciente) las familias, con embarazadas e hijos en brazos, fueron obligadas a escapar por el miedo. No importó salir sin haber comido o dejar atrás sus pertenencias. Simplemente era indispensable huir de un sitio sin ley, polígonos comunales anárquicos donde en pleno siglo XXI la violencia y la fuerza es la que manda.
Sin embargo, también existes casos de recientes desplazamientos de indígenas en comunidades como Chinil del municipio de San Cristóbal de las Casas; Venustiano Carranza, cabecera municipal de Huixtán, y en las comunidades de Satajalá y Los Llanos del municipio de Teopisca, que aún no han tenido solución definitiva.
De las 30 mil personas desplazadas que se estiman en territorio chiapaneco, alrededor de cinco mil se atribuyen a conflictos agrarios o religiosos; aunque el propio el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) argumenta que esta cifra sólo podría significar el 70 por ciento del total de personas que realmente viven dicha condición social.
Apenas a inicios de este año el PNUD catalogó el asunto de los desplazados en Chiapas como un «problema grave»; una situación que ni siquiera la recién creada Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas ha podido mermar o incidir de manera directa en abatir este grave rezago de atención social.
La exigencia de orden y legalidad al interior de muchas zonas indígenas de la entidad es cada vez mayor, no es posible que los responsables de gobernar sigan como s espectadores del éxodo tortuoso que enfrentan casi de manera permanente miles de familias chiapanecas que hoy subsisten sin certidumbre y sin suelo firme donde echar raíces.
La autopista del mañana
En otros menesteres, esta semana nuevamente resurgió el tema de la tan aplazada autopista «San Cristóbal – Palenque». La inconformidad de varias de las comunidades ubicadas sobre el trazo por donde será construida esta vía de comunicación volvió a dar la nota.
Esta vez fueron los habitantes de las comunidades La Candelaria, San Antonio las Rosas y Predio Santiago, de San Cristóbal de Las Casas; Nichnamtic, de San Juan Chamula; y Monte Bonito, de Huixtán, quienes manifestaron su rechazo al proyecto que será desarrollado justo sobre sus tierras.
Mediante una carta dirigida a los gobiernos federal y estatal, así como a los organismos defensores de los derechos humanos, catalogaron a la obra como un «proyecto de muerte», pues argumentaron que les quitará sus tierras de cultivo y su medio de subsistencia.
De manera textual y con el uso de la perfecta terminología en materia de corrientes políticas, los representante de las comunidades indígenas expresaron: «por defender la vida estamos dispuestos a ofrendar la vida… la madre tierra está amenazada porque las políticas neoliberales que se han implementado en los últimos años».
Lo claro del asunto es que más allá de las afectaciones que podrían causarse a las comunidades indígenas, hay –como dicen los que saben- «causas de fuerza mayor» que se empecinan en obstaculizar dicha millonaria obra a costa de lo que sea, incluso de mover a comunidades enteras y distribuir las cartas de inconformidad que sean necesarias.
Aquí, sin duda alguna, hay un trabajo de suma complicación para los responsables de concretar el proyecto carretero que la región norte de Chiapas pide a gritos, pero que la falta de operación política no ha podido hacer una realidad.
