Moreno Guillén destaca coordinación entre autoridades ante los retos electorales de 2027

El encuentro en Chiapa de Corzo reúne a autoridades de siete estados para revisar participación indígena, discapacidad, población afromexicana, diversidad sexual y otros desafíos de la justicia electoral

AquíNoticias Staff

Autoridades electorales federales y locales de siete estados del sureste se reunieron en Chiapa de Corzo para revisar los retos que enfrentarán rumbo a los comicios de 2027, en una agenda que coloca en el centro la coordinación institucional, la inclusión y las distintas condiciones territoriales en las que se ejercen los derechos político-electorales.

Durante la inauguración del 4.º Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2026 de la III Circunscripción Plurinominal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que el intercambio de experiencias entre instituciones permite anticipar problemas y fortalecer la atención de las controversias electorales.

Moreno Guillén dio la bienvenida en lengua tseltal a representantes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, las entidades que conforman la III Circunscripción Plurinominal.

El magistrado presidente planteó que estados como Chiapas y Oaxaca enfrentan condiciones geográficas y sociales particulares que añaden complejidad a la organización de elecciones y a la resolución de conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos. En ese contexto, consideró necesario mantener espacios de intercambio entre las autoridades responsables de organizar, vigilar y resolver los procesos electorales.

En el encuentro participa también el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, quien señaló que la preparación institucional rumbo a 2027 implica preservar la independencia de las autoridades, revisar precedentes, fortalecer capacidades y conocer los fenómenos que posteriormente podrían llegar a los tribunales.

Bátiz García sostuvo que las siete entidades comparten un mismo marco constitucional, pero no necesariamente las mismas condiciones para ejercer los derechos político-electorales. El proceso de 2027, señaló, exigirá atender controversias relacionadas con candidaturas indígenas, acciones afirmativas, violencia política y nuevos entornos digitales, entre otros asuntos.

La jornada cuenta además con la participación de la presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Roselia Bustillo Marín; el consejero del Instituto Nacional Electoral Jorge Montaño Ventura; autoridades de los tribunales electorales de las entidades participantes, vocalías del INE y titulares de Organismos Públicos Locales Electorales.

Bustillo Marín destacó la diversidad social y cultural de la región, donde confluyen más de 30 pueblos indígenas y distintos sistemas normativos internos. El consejero Jorge Montaño, por su parte, se refirió a la coordinación entre las autoridades administrativas, jurisdiccionales y las responsables de investigar los delitos electorales.

Las actividades continuarán durante jueves y viernes mediante mesas de trabajo sobre autoadscripción indígena, diversidad sexual, discapacidad, población afromexicana, violencia política de género, inteligencia artificial, redes sociales, desinformación e integridad del debate público.

También estuvo presente el titular del Instituto de la Consejería Jurídica del Estado de Chiapas, Guillermo Nieto Arreola.

El encuentro forma parte de una dinámica regional que el TEPJF desarrolla entre las autoridades de la III Circunscripción para intercambiar experiencias sobre justicia electoral y ejercicio de derechos políticos. La edición anterior se llevó a cabo en Oaxaca durante 2025.

La discusión en Chiapa de Corzo ocurre mientras las instituciones comienzan a prepararse para un proceso electoral de 2027 que pondrá nuevamente a prueba la aplicación de acciones afirmativas, la atención de distintas realidades territoriales y la capacidad de responder a fenómenos tecnológicos que ya forman parte de la competencia política.

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