En otra cancha / Rodrigo Ramn Aquino

Al magisterio lo odian o lo aman. Son extremas las posturas en que se divide la opinión pública. Los hay quienes los envidian por sus conquistas y privilegios laborales (en muchos casos no acordes a su desempeño), «porque a ellos les va tan bien y a nosotros tan mal»; los odian, porque sus acciones de lucha y de protesta no dejan de causar perjuicio a ciertos sectores de la población –por más legítima que sea su causa– y se solidarizan, por representar uno de los más importantes reductos del sindicalismo mexicano, asfixiado al punto de la extinción en los últimos años por el gobierno federal (su lucha contra la reforma educativa es en estricto sentido laboral, pues ningún docente se opone a hacer lo necesario para mejorar la calidad de la educación).
La centralización de la nómina magisterial (rectoría del Estado, le llaman los intelectuales orgánicos), no sólo les quitó atribuciones a los gobiernos de los estados en términos de interlocución, capacidad de establecer acuerdos y tomar decisiones. La línea de mando es vertical, así lo establece la ley. El Estado establece las normas y el Estado no se puede negar a sí mismo. Chiapas es una entidad federada y, por tanto, parte orgánica de ese ente. No obstante, el titular del Ejecutivo de Chiapas se ha negado hasta la fecha a declarar públicamente la obligatoriedad de hacer cumplir la ley. Se ha mantenido al margen y eso ha creado fricción con la Secretaría de Educación Federal, pero ha mantenido relativa calma en lo local (una declaración de esta naturaleza incendia, es un costo político que no lo aguanta ningún gobernador, ninguno).
Conocida es la capacidad de tolerancia de Manuel Velasco, a veces incluso peca de ella, porque hay temas en los que sí puede actuar, como es el caso de los bloqueos carreteros, pues hay una ley local, y no lo hace.
Pero el tema del magisterio desde hace tiempo no está en su cancha. Así, Velasco no puede declarar nada en contra de la ley federal (el Estado no se puede negar así mismo, insisto), pero como político tampoco está obligado a declarar a su favor. Y como gobernante de un territorio históricamente complejo, no declarar significa también no echar más leña al fuego que jamás se apaga.
Si Velasco está imposibilitado a declarar para no llevar al límite la siempre tensa gobernabilidad de Chiapas, hay quien sí puede, protegido por el fuero, claro, y presidente del Congreso del Estado.
En la sesión de este martes, por petición o iniciativa, Eduardo Ramírez Aguilar llamó al gobierno federal a establecer mesas de diálogo y negociación con el magisterio chiapaneco. En tono hasta de exigencia dijo que se debe respetar la causa magisterial, se debe escuchar sus demandas y establecer los acuerdos necesarios.
No faltaron los que lo tacharon de oportunista, o de «rebelde», pero su actuar, entiendo yo, responde al ánimo de su amigo el gobernador, titular del Ejecutivo emanado del partido del cual aún ERA es presidente estatal en Chiapas.
Que haya sido el propio presidente del Legislativo es más significativo que cualquier otro representante en Chiapas. De mayor peso político que prestar su casa y sus baños, como algunos ingenuamente arengaron. Para el conflicto magisterial-Federación hace falta más política, la profesional, no más incitadores de conflictos. No café con pan. Sean serios.

Contacto:
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