Las familias denuncian presuntos tocamientos atribuidos a un trabajador del plantel y aseguran haber acudido a la Fiscalía; reclaman intervención de Educación y medidas de atención para las niñas afectadas
AquíNoticias Staff
Madres, padres de familia y tutores de la Escuela Primaria Belisario Domínguez Palencia, ubicada en la colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, cerraron de manera indefinida las instalaciones este 12 de octubre para exigir la intervención de las autoridades educativas y medidas de protección para menores del plantel.
De acuerdo con un comunicado difundido por el Comité de Padres de Familia, la protesta comenzó después de que integrantes de la comunidad escolar denunciaran presuntos tocamientos indebidos contra alumnas, atribuidos a un trabajador del área de intendencia.
Las familias sostienen que informaron de la situación a la dirección escolar y solicitaron que el trabajador fuera separado del plantel. Según su versión, la directora no atendió esa petición, por lo que consideran que existieron omisiones en la respuesta institucional.
Los señalamientos contra el trabajador y contra la dirección corresponden a la versión de las familias y deberán ser investigados por las autoridades competentes.
El comité informó que, ante lo que consideró falta de respuesta dentro de la escuela, familiares de las menores acudieron directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente. Después de ello, asegura, el trabajador dejó de presentarse en el plantel.
La información proporcionada por las familias no incluye el número de carpeta de investigación ni detalles sobre el avance de las diligencias, por lo que corresponderá a la Fiscalía determinar responsabilidades.
La protesta también incluye un reclamo por el funcionamiento del plantel. Los padres señalan que, tras la ausencia del trabajador de intendencia, se les planteó contratar por su cuenta a una persona para realizar la limpieza o asumir ellos mismos esas tareas.
Las familias rechazaron esa posibilidad y sostienen que garantizar el personal necesario para mantener las instalaciones corresponde a las autoridades educativas y no debe convertirse en un gasto adicional para la comunidad escolar.
Hasta el momento de la difusión del pronunciamiento, el comité aseguraba que ningún representante de la Secretaría de Educación con capacidad para resolver sus demandas se había presentado en la escuela.
Por ello, anunciaron que el cierre continuará de manera pacífica hasta que una autoridad estatal acuda al plantel y establezca compromisos formales.
Entre sus exigencias se encuentra investigar la actuación de la dirección escolar ante la denuncia, asignar nuevo personal de intendencia sin trasladar el costo a las familias y proporcionar atención psicológica y medidas de protección para las menores involucradas.
El comité también solicitó la intervención de organismos defensores de derechos humanos y pidió que la respuesta institucional se conduzca bajo el interés superior de la niñez.








