Una denuncia ciudadana exhibe el avance de la deforestación en una zona cercana al Cañón del Sumidero; autoridades deben verificar, frenar daños y transparentar permisos
AquíNoticias Staff
La imagen difundida por la ciudadana Alejandra Soriano Ruiz no debería pasar como una postal más de Tuxtla Gutiérrez. Desde las alturas se observa una franja urbana avanzando hacia una zona verde cercana al Cañón del Sumidero, uno de los territorios naturales más emblemáticos de Chiapas.
La denuncia pública plantea una pregunta que exige respuesta institucional: ¿quién permitió este avance sobre la vegetación y bajo qué criterios ambientales, urbanos y legales?
No se trata solo de árboles derribados. Cada metro de vegetación que se pierde en las laderas y zonas de amortiguamiento reduce la capacidad natural del suelo para absorber agua, aumenta el escurrimiento durante las lluvias, eleva el riesgo de erosión y debilita los equilibrios que protegen a la ciudad frente a inundaciones, deslaves y olas de calor.
Tuxtla ya vive los efectos de una urbanización que durante años ha crecido más rápido que la planeación ambiental. La pérdida de cobertura vegetal no solo afecta a la fauna y a la biodiversidad: también pega directamente en la vida diaria de las personas. Sin árboles, la temperatura sube; sin suelo vivo, el agua no se infiltra; sin vegetación en las partes altas, la lluvia baja con más fuerza hacia calles, colonias y cauces saturados.
Por eso, la denuncia no puede reducirse a una queja vecinal. Es un llamado urgente a revisar el modelo de crecimiento urbano en una ciudad que depende de sus cerros, cañadas y áreas verdes para respirar, regular su temperatura y protegerse de fenómenos extremos.
Si la zona señalada se encuentra dentro de un área protegida, zona de amortiguamiento o polígono con restricciones ambientales, las autoridades deben actuar de inmediato. Y si no lo está, también deben explicar por qué se permite el avance urbano sobre una franja de alto valor ecológico cercana al Cañón del Sumidero.
La respuesta mínima debe incluir una inspección pública y coordinada del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, autoridades ambientales estatales, federales y de protección civil. Se necesita conocer si existen permisos de cambio de uso de suelo, licencias de construcción, dictámenes de impacto ambiental y medidas de compensación o restauración.
El daño ambiental no se repara con discursos ni con siembras simbólicas. Si hubo desmonte irregular, debe haber sanciones. Si hubo permisos otorgados sin sustento técnico, deben revisarse. Si la urbanización avanza sobre zonas de riesgo, debe frenarse antes de que la ciudad pague las consecuencias.
Tuxtla no puede seguir sacrificando sus áreas verdes como si fueran terrenos vacíos. Son infraestructura natural. Son barreras contra el calor. Son zonas de recarga de agua. Son refugio de especies. Son parte del paisaje que sostiene la identidad y la vida de la capital chiapaneca.
Lo que se observa en Patria Alta debe convertirse en un punto de inflexión. No basta con indignarse en redes. Se requiere acción ciudadana, denuncia formal, vigilancia pública y respuesta verificable de las autoridades.
Porque cuando una ciudad pierde su vegetación, no solo pierde paisaje. Pierde agua, sombra, aire limpio, seguridad ambiental y futuro.
Chiapas no puede presumir biodiversidad mientras permite que sus pulmones urbanos sean devorados por la improvisación, la omisión o el negocio inmobiliario sin control.
