Hasta hace poco resultaba un impasse el diálogo del magisterio con el gobierno federal.
El gobierno del estado sostuvo siempre que colaboraría con la fuerza pública para garantizar el derecho a la manifestación pacífica, y, particularmente, al libre tránsito y el derecho de terceros.
En una frase, sería aliado del gobierno federal en el establecimiento del Estado de Derecho (entendido éste como el irrestricto respeto a las leyes).
Mintió. Fue incluso excesivamente tolerante, de acuerdo a algunos sectores de la población (el empresarial, por ejemplo).
La razón ha tenido mucho que ver con el daño colateral. Sumarle a los acrecentados problemas sociales locales, represión al movimiento magisterial, era una segura fórmula para el colapso.
El movimiento magisterial se ha tornado en el gran movimiento social-político del país (alimentado en Chiapas por tantos rezagos históricos y la imagen de un gobierno débil).
Al ser un problema político, la solución dejó de ser legal. Los problemas de la política y la democracia se resuelven con más política y más democracia.
Además, luego del anuncio nacional del apoyo de Morena al movimiento, el asunto se tornó en una lucha por la permanencia en el poder.
Pero el impasse acabó. Las condiciones cambiaron. Ahora el gobierno federal se verá obligado, luego de los hechos de sangre en Oaxaca, a abrirse al diálogo.
Ya no se trata de la garantía del Estado de Derecho (buen argumento, pues a buena parte del país y del mundo le gusta que se cumpla la ley).
Ahora se trata de administrar los daños, de sortear la crisis internacional que se viene por la flagrante violación a los derechos humanos.
El Estado falló. Cayó en la siempre latente tentación de la violencia y lo pagará caro. La historia no perdona.
El magisterio puso a los muertos y ahora el gobierno de México es a todas luces el represor, el asesino, el enemigo del pueblo.
Tuvieron que extinguirse vidas humanas para que el magisterio estuviera en posición ventajosa y el gobierno contra la pared.
La negativa contundente al diálogo respecto a la reforma educativa, sostenida por el cumplimiento irrestricto a la ley, no tiene más futuro que desboronarse.
Quien viola flagrantemente la ley ante los ojos del mundo, no puede exigir, bajo ninguna óptica, el cumplimiento de la misma.
Al gobierno federal le quedan, en resumidas cuentas, dos vías: mantener la cerrazón, soportar la presión internacional y hacer frente a la escalada de acciones de protesta, con un saldo seguro: no repetir en 2018 en la presidencia de la República (la renuncia del dirigente del partido en el poder es un signo cancerígeno).
A este escenario habría que sumarle la operación «bipartidismo inducido». Apelando rápidamente a la Teoría de las Elites, de Pareto y Mosca, las élites gobernantes al entrar en crisis se reinventan con una falsa apertura democrática. Por ello, al asumir el costo político de sus equivocaciones, el gobierno hará creer a la masa que la única opción viable es el PAN.
La segunda vía es abrir, por fin, el tan anhelado diálogo. Llegar a acuerdos, modificar en todo caso las políticas de implementación de la reforma educativa y quedar como el gran perdedor. Pero hay tanta arrogancia. Aún habrá resistencias.
Se acabó el juego. El gobierno federal perdió la gran batalla y ésta es la de la percepción pública.
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