México busca reducir la dependencia del gas importado, pero el comité científico condiciona cualquier expansión del gas no convencional a renovables, protección del agua, consultas comunitarias y límites territoriales
AquíNoticias Staff
México quiere reducir una dependencia energética difícil de ignorar: tres de cada cuatro unidades de gas natural que consume provienen del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos. La respuesta que comienza a estudiar el gobierno de Claudia Sheinbaum incluye una posibilidad que durante el sexenio anterior había quedado políticamente proscrita: aprovechar yacimientos nacionales de gas no convencional.
La decisión todavía no equivale a autorizar su explotación. Lo que existe es una ruta de evaluación sometida, al menos en el planteamiento inicial, a una serie de condicionantes científicos, ambientales y sociales.
Ese matiz resulta fundamental.
El Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, integrado por 54 especialistas, entregó diez conclusiones preliminares que el Gobierno de México anunció que tomará en consideración.
Las recomendaciones muestran que incluso quienes estudian la posibilidad de producir ese gas consideran que la extracción no convencional no debe ser la primera respuesta al problema energético mexicano.
Antes de perforar, consumir distinto
Las tres primeras recomendaciones del comité no hablan de nuevos pozos.
Plantean acelerar la generación mediante fuentes renovables, desarrollar programas nacionales de eficiencia energética y aumentar la producción de gas convencional, además de reducir la quema del gas asociado a la extracción de petróleo.
El orden importa.
México consume alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos de gas natural al día y, de acuerdo con la información presentada por los especialistas, aproximadamente 70% de la electricidad se genera utilizando ese combustible.
Por tanto, la vulnerabilidad no procede únicamente de comprar gas estadounidense. También está relacionada con el peso que ese energético adquirió en el funcionamiento del sistema eléctrico.
Producir más gas dentro del país podría disminuir una dependencia externa, pero no resolvería por sí mismo la dependencia estructural del combustible.
Tampico-Misantla queda fuera
El comité tampoco propone explotar cualquier territorio donde exista potencial.
Por criterios ambientales, sociales, de biodiversidad y densidad poblacional, recomendó prohibir las actividades de aprovechamiento de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla.
La evaluación se concentraría únicamente en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, entre Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas.
Pero ni siquiera ahí existe todavía vía libre.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá realizar pozos exploratorios para determinar si en el subsuelo existen cuerpos profundos de agua salada que puedan utilizarse sin afectar acuíferos superficiales destinados al consumo humano, las actividades productivas o los ecosistemas.
La disponibilidad del agua se convierte así en una de las primeras fronteras para cualquier proyecto.
El agua pone condiciones
Las recomendaciones establecen que una eventual explotación no debería utilizar agua superficial ni subterránea ya comprometida para otros usos.
También plantean reutilizar y reciclar al menos 75% del agua empleada, evitar sustancias altamente tóxicas, transparentar los aditivos utilizados y mantener vigilancia permanente sobre aguas superficiales y subterráneas.
A ello se suma una condición relevante: comprobar mediante estudios geológicos y geofísicos que los yacimientos y las formaciones de agua salada profunda estén desconectados hidráulicamente de los acuíferos someros.
Antes de saber cuánto gas puede extraerse, por tanto, habrá que demostrar que hacerlo no compromete una reserva mucho más difícil de sustituir: el agua.
De prohibir a estudiar
La discusión también representa un cambio político.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador convirtió el “no al fracking” en una posición pública de su administración. El gobierno de Sheinbaum no ha autorizado ahora una explotación generalizada, pero sí modificó el punto de partida.
La pregunta dejó de ser si la técnica debe descartarse y pasó a ser bajo qué condiciones podría considerarse.
El cambio no es menor.
La nueva administración ha recurrido a un comité científico para establecer límites y estudiar viabilidad técnica, económica, ambiental y social. Hasta ahora, el propio proceso produjo un primer veto territorial en Tampico-Misantla y múltiples condiciones para otras regiones.
Lo que ocurra después mostrará hasta dónde llegan realmente esos límites.
Las comunidades también entran en la ecuación
Otra condición planteada por los especialistas es realizar consultas previas, libres e informadas con la población de las zonas de influencia.
El comité propone además desarrollar cadenas locales de proveeduría, conservar actividades económicas existentes, reducir el impacto superficial de las perforaciones y establecer un monitoreo científico externo e independiente.
Ese sistema debería vigilar acuíferos, balance hídrico, actividad sísmica, ecosistemas y condiciones operativas.
La diferencia entre una recomendación técnica y una salvaguarda efectiva dependerá de algo todavía por conocer: qué carácter tendrán esas condiciones cuando los proyectos entren en una etapa económica y política más avanzada.
¿Soberanía es producir más?
El argumento central del gobierno tiene fundamento.
Depender de Estados Unidos para abastecer una parte tan elevada del gas consumido expone a México a precios, infraestructura y decisiones externas. Disminuir esa vulnerabilidad forma parte de cualquier discusión seria sobre seguridad energética.
Pero la soberanía no se reduce a cambiar el origen geográfico de una molécula.
También depende de diversificar fuentes, producir electricidad con tecnologías diferentes, consumir energía con mayor eficiencia y evitar que una solución energética genere nuevas dependencias ambientales o territoriales.
Por eso resulta significativo que los propios especialistas hayan colocado renovables y eficiencia energética antes que el gas no convencional.
El dilema ya no es únicamente cuánto gas puede producir México, sino qué está dispuesto a comprometer para reducir su dependencia externa. Las condiciones planteadas por los científicos colocan agua, territorio y transición energética en el centro de una decisión que apenas comienza.
