La colaboración busca llevar la protección de personas en movilidad del discurso institucional a procedimientos concretos dentro de los juzgados, con capacitación, representación jurídica y seguimiento de sentencias
AquíNoticias Staff
El Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) formalizaron una colaboración que pretende fortalecer la atención judicial a personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas en una entidad donde la movilidad humana forma parte permanente de la realidad social.
El magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, y el jefe de la Sub Oficina del ACNUR, Gustavo Gouveia, firmaron una Carta de Entendimiento que da continuidad a trabajos interinstitucionales desarrollados desde hace más de un año.
El acuerdo no se limita a actividades de capacitación. Entre sus compromisos se encuentra la elaboración de un protocolo interno de actuación con enfoque de derechos humanos, la formación de personas juzgadoras y personal de la Defensoría Pública, así como la creación de un observatorio de sentencias y actuación judicial en materia de desplazamiento forzado y protección internacional.
También se plantea fortalecer la representación jurídica de personas refugiadas y de quienes se encuentran en otros contextos de movilidad, uno de los puntos que puede resultar determinante para convertir el acceso formal a los tribunales en una posibilidad efectiva de defensa.
Durante la firma, Moreno Guillén señaló que Chiapas ha enfrentado históricamente episodios de desplazamiento interno y que su ubicación geográfica coloca a la entidad como punto de entrada para personas procedentes de Centroamérica y Sudamérica.
El magistrado sostuvo que la colaboración permitirá mantener una formación continua del personal judicial mediante diplomados y capacitaciones orientadas a incorporar empatía y perspectiva de derechos humanos en las resoluciones. También expresó la disposición del Poder Judicial para participar en las actividades que ACNUR desarrolla en Chiapas.
Por parte del organismo internacional, Gustavo Gouveia señaló que la firma materializa un trabajo construido durante más de un año y destacó que la protección de las personas en contextos de movilidad requiere una respuesta coordinada entre instituciones.
Su planteamiento coloca el problema más allá de la asistencia humanitaria: miles de personas refugiadas, solicitantes de protección o desplazadas pueden enfrentar también conflictos familiares, civiles, laborales, patrimoniales o de otra naturaleza que terminan requiriendo la intervención de autoridades judiciales.
De ahí que la utilidad del acuerdo dependerá de su aplicación cotidiana.
El protocolo deberá traducirse en criterios claros para el personal judicial; las capacitaciones tendrán que reflejarse en la atención y en las resoluciones, y el observatorio de sentencias deberá permitir identificar cómo están respondiendo los tribunales ante casos vinculados con desplazamiento forzado y protección internacional.
La carta, por sí sola, no modifica esas condiciones. Establece, sin embargo, una ruta institucional para comenzar a hacerlo.
En la firma participaron, por parte del ACNUR, Ivonne Sharet Martínez Guajardo, oficial asistente de Enlace Gubernamental; Mónica Nájera, asistente de Soluciones Duraderas, y Patricia Rivermar, asistente senior de Protección.
Por el Poder Judicial estuvieron las consejeras y consejeros de la Judicatura María Magdalena Vila Domínguez, María de Lourdes Hernández Bonilla, José Francisco Trujillo Ochoa y Hermann Hoppenstedt Pariente, además de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal administrativo.
El siguiente paso será medir el acuerdo no por el número de cursos o reuniones que genere, sino por su capacidad para reducir barreras y mejorar la protección judicial de personas que, además de encontrarse lejos de su lugar de origen o haber sido desplazadas, necesitan que sus derechos puedan hacerse valer ante una autoridad.
