Los fallos fueron emitidos por tribunales de enjuiciamiento en casos distintos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez y Amatenango de la Frontera, con víctimas de identidad reservada
AquíNoticias Staff
El Poder Judicial del Estado de Chiapas dictó dos sentencias condenatorias por el delito de pederastia agravada, en casos distintos, cometidos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes con identidad reservada.
En una primera resolución, una persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Chiapa y Cintalapa impuso una pena de 75 años de prisión a Emilio “N”.
La sentencia corresponde a hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, en agravio de dos adolescentes, cuyas identidades permanecen protegidas por tratarse de víctimas menores de edad.
En otro caso, una persona juzgadora del distrito judicial de Motozintla dictó sentencia de 40 años de prisión contra Hugo “N”, por hechos ocurridos en Amatenango de la Frontera, en agravio de una niña con identidad reservada.
Además de la pena privativa de la libertad, en este segundo caso se ordenó el pago integral de la reparación del daño.
Ambas resoluciones se emitieron después del desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, etapa en la que se acreditó la responsabilidad penal de las personas sentenciadas.
Los fallos forman parte de las determinaciones emitidas por el Poder Judicial de Chiapas en casos que involucran delitos graves contra niñas, niños y adolescentes.
Por la naturaleza de los hechos, la información pública debe mantener el resguardo de las identidades de las víctimas y evitar cualquier dato que permita su identificación o revictimización.
El Poder Judicial del Estado, presidido por el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que estas resoluciones responden al compromiso institucional de garantizar acceso a la justicia y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En delitos de esta gravedad, la sanción penal tiene una dimensión pública: proteger derechos, reparar daños en los términos que determine la autoridad judicial y enviar un mensaje claro contra la impunidad.
