Cuando leí la teoría de que los diputados locales habían negociado la negativa al matrimonio igualitario a cambio del apoyo de las iglesias para debilitar el movimiento magisterial, no puede más que considerarlo un absurdo.
Concediendo un poco, llegué a pensar que algunos activistas pro matrimonio gay habían confeccionando la estratagema para arengar a los liberales y pro Estado Laico y sumar a sus filas inconformes a granel.
Algunas otras versiones, apuntaban a que no se trataba de otra que cosa que del retorno a la palestra del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado luego de su lamentable incidente con la asamblea popular de Chenalhó, pues siempre será preferible una imagen controversial, a una sometida y cabizbaja.
Con el repentino anuncio público de la mediación de obispos católicos en el conflicto magisterial, volví a pensar en estos actores en pugna. La Iglesia que se aferra a la tradición y el dogma, los diputados que se aferran a sus cálculos políticos y los activistas que no están dispuestos a que los derechos humanos sean moneda de cambio.
Pero también me acordé de aquel absurdo escenario en que la Iglesia apoya al gobierno del estado en el convencimiento a los maestros de levantar el plantón a cambio de que el matrimonio siga siendo exclusivo entre un hombre y una mujer. Y me acordé porque ya está ocurriendo, o al menos eso parece:
«Considerando que su inconformidad más profunda (de los maestros) es contra la reforma educativa, y que ésta la hizo el Congreso, pensamos que es conveniente que ustedes (los legisladores) abran algún canal de diálogo con ellos. Escucharlos por el bien de la educación, es un clamor de nuestro pueblo», manifiestan en una carta.
La misiva fue firmada por el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez, así como por los Obispos de Tapachula, Leopoldo González, y de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi.
«Nos llama la atención que el señor Presidente regresó al Congreso la ley sobre transparencia porque se lo pidieron los empresarios, pero se tiene resistencia para reconsiderar lo que piden los maestros», critican.
¿Por qué recurrir a la Iglesia? Porque es un poder fáctico, nos guste o no. Sus dichos y acciones no tienen, en teoría, ninguna vinculación con la legislación ni con las acciones de gobierno, pero de facto es un actor político-social de amplio espectro, sobre todo con los sectores más vulnerables, los conservadores (en cuyas filas se hallan algunos de los hombres y mujeres más poderosos del país y del estado), y particularmente con los pueblos indígenas.
Por eso sacaron el tema de la adopción homo-parental de la chistera. No pueden hacer nada respecto al matrimonio igualitario, porque el Congreso local tiene que acatar el fallo de la SCJN una vez que lo apruebe el Congreso de la Unión, y para evitar el reclamo del clero, pero más propiamente de sus feligreses, desviaron la atención hacia la adopción, tema al que le falta muchísimo tiempo para caminar.
La Iglesia se pronuncia antes que los propios legisladores federales de Chiapas. La Iglesia muestra, sobre el terreno de los hechos, que sabe negociar y hacer política y que lo seguirá haciendo sin sonrojarse, como siempre.
Por tanto, la verdadera discusión del poder en Chiapas no es sobre el matrimonio igualitario, ni sobre la educación, ni sobre la economía; es sobre rentabilidad política y electoral. Es sobre el proyecto de gobierno sucesorio.
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