Grupos parlamentarios de Morena y del PAN en el Senado presentarán una petición para desaparecer los poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.
Aquínoticias Staff
Ante los niveles de inseguridad que se viven en varios estados del país, los grupos parlamentarios de Morena y del PAN en el Senado presentarán este martes una petición para desaparecer los poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz.
Esto implicaría la destitución de los gobernadores en turno y la llegada de nuevas administraciones con base en lo establecido en el artículo 76, fracción V de la Constitución.
Dicho artículo plantea que una vez desaparecidos los poderes constitucionales en una entidad se nombrará a un titular del poder ejecutivo provisional, el cual convocará a nuevas elecciones conforme a las leyes constitucionales del estado.
«El nombramiento del titular (provisional) del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente», dicta el artículo.
Quien sea elegido como gobernador o gobernadora provisional «no podrá ser electo titular del poder ejecutivo» en las elecciones que se realicen.
Las peticiones de Morena serán para los estados de Guanajuato y Tamaulipas, ambos gobernados por panistas, el primero por Diego Sinhue Rodríguez y el segundo por Francisco Javier Cabeza de Vaca.
En tanto que el PAN presentará la solicitud para Veracruz, entidad gobernada por Cuitláhuac García Jiménez, quién ganó elecciones del año pasado representando a Morena.
En un comunicado la bancada morenista expresó que en el caso de Tamaulipas se solicita la desaparición de poderes por el aumento en la tasa de los índices delictivos de 16.60 a 22.11, desde la llegada del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, en 2016.
«Actualmente Tamaulipas es una de las entidades federativas más violentas del país donde sus habitantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad sin precedentes debido a que, por un lado, deben enfrentar los estragos causados por el crimen organizado, y por el otro, están expuestos frente a los cuerpos de seguridad que las autoridades estatales utilizan de manera injustificada para reprimirlos», se lee.
Para ejemplificar la situación que atraviesa el estado citan lo sucedido el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, cuando las autoridades locales reportaron haberse enfrentado con presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, hecho en el que murieron ocho civiles y tras el cual el Comité de Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo presentó una por una presunta ejecución extrajudicial.
Con información de Animal Político
