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Profeco y CEDH ¿Gastos inútiles en Chiapas? / Héctor Estrada

Profeco y CEDH ¿Gastos inútiles en Chiapas? / Héctor Estrada

¿En Chiapas realmente funcionan los millonarios gastos presupuestales que se asignan anualmente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH)? Esa es la pregunta que muchos chiapanecos se hacen ante un panorama de constantes atropellos impunes que parecen hacer obvia a la respuesta a dicha interrogante.

Hace sólo unos días dos bares de la capital chiapaneca (Jack Pub y Baruva) fueron protagonistas de nuevos episodios de discriminación. Por su apariencia física decidieron impedir el paso a un grupo de personas homosexuales. De manera descarada, simplemente, obstaculizaron su ingreso con pretextos absurdos y faltos de credibilidad.
No es la primera vez que algo así sucede en Chiapas. Ya otros establecimientos tanto en Tuxtla Gutiérrez como en San Cristóbal de las Casas han incurrido en este tipo de prácticas anómalas, plagadas de testigos, pruebas fehacientes y numerosas muestras de rechazo, pero carentes de acciones contundentes por parte de las autoridades.
Y es que para nadie es un secreto que en Chiapas operan establecimientos que incurren en prácticas de segregación social donde “reservarse el derecho de admisión” se ha hecho un hábito recurrente.
Sucede ante la vista y conocimiento de todos, violando las leyes básicas en materia de derechos humanos y protección al consumidor, sin que los responsables de proteger estas garantías ciudadanas hagan algo al respecto.
La Profeco en Chiapas y la CEDH actualmente operan como organismo inertes; como meros observadores inoperantes de los atropellos que se supondría deberían atender, prevenir y sancionar.
Los infractores pasan por encima de las leyes y los derechos ciudadanos una y otra vez bajo la mirada omisa de estos organismos que anualmente cuestan millones de pesos dentro de los presupuestos gubernamentales.
Para tener una idea más clara de los gastos aparentemente inútiles que se destina a estos organismos, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos cuesta a Chiapas más de 70 millones anuales, mientras la Procuraduría Federal del Consumidor, junto a sus 32 delegaciones, representan un costo anual superior a los mil 181 millones de pesos.
Son gastos que ante una realidad vergonzosa resultan infructuosos, sin resultados reales; con organismos que no están cumpliendo funciones esenciales que vayan más allá de las meras prácticas burocráticas de recibir denuncias tras la comodidad de un escritorio, porque de salir a investigar lo evidente ya ni pensarlo.
Aquí está el punto de reflexión para replantear la verdadera operatividad de la CEDH y la delegación de la Profeco en Chiapas que lamentablemente hoy se ostentan más como agencias de colocación para pagar compromisos políticos que como verdaderos organismo defensores de los derechos ciudadanos en Chiapas.

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