El delito podría castigarse de cuatro a diez años de prisión, y multas de mil a dos mil días de salario
Sandra de los Santos / Aquínoticias
Los funcionarios públicos de Chiapas que divulguen imágenes, audios, documentos o información de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de algún delito podrían ser sancionados de aprobarse la propuesta presentada por la diputada, Floralma Gómez Santiz.
La iniciativa, que ya fue turnada a la Comisión de Justicia, es conocida como “Ley Ingrid”, y lo que busca es sancionar a los servidores públicos que difunden imágenes, audios o información de las víctimas de un delito que impliquen revictimización y violencia institucional. La pena que se les puede imponer es de cuatro a diez años de prisión y mil a dos mil días de multa.
La propuesta es adicionar una facción V al Artículo 423 del Código Penal para el Estado de Chiapas, dentro del capítulo de los Delitos cometidos por Servidores Públicos durante la Ejecución de la Pena, Desalentando y sancionando a quien o quienes expongan, por cualquier medio, imágenes, audios, videos, documentos o información de las víctimas.
En este primer momento, la propuesta solo contempla la sanción a servidores públicos, que si bien en algunos casos se podría extender con la figura de otros delitos hacía otras personas, no se está considerando la sanción a medios de comunicación o ciudadanía en general. Lo que se estaría sancionando es la filtración que hagan los propios servidores públicos.
La “Ley Ingrid” nació por el caso de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio el 09 de febrero de 2020. Las Fotografías del crimen, en donde se expone de forma explícita el cuerpo de la víctima, fueron exhibidas en las redes sociales y en los medios de comunicación tras ser filtradas por las autoridades. A partir de este caso se promovió que estas acciones fueran constituidas como delitos en algunos estados como: Oaxaca, Ciudad de México, Colima y el Estado de México.
En Chiapas se han incrementado considerablemente los casos de violencia que atentan contra la dignidad, vida e integridad corporal de las mujeres. Según datos del Observatorio Ciudadano Chiapas, se han registrado hasta septiembre de 2022, los niveles más altos que lo registrado a nivel nacional, en los delitos de homicidio culposo y de feminicidio.
