Reabrira Fiscalia de Chihuahua caso de Marisela Escobedo, afirm gobernador Corral

A 10 años del asesinato de la defensora, organizaciones y colectivas demandaron una investigación oficiosa, imparcial, exhaustiva y diligente sobre el asesinato de la defensora que permanece impune

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias 

Ciudad de México. Tras seis años de la última diligencia en el caso de Marisela Escobedo, asesinada hace una década afuera del Palacio de Gobierno, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguraron que continuarán las investigaciones sobre el asesinato.

Este 16 de diciembre, se cumplieron 10 años del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que se convirtió defensora de los Derechos Humanos tras el feminicidio de su hija Rubi Marisol Frayre Escobedo, quien fue asesinada 2 años antes, en 2008. Luego de no encontrar justicia por el asesinato de su hija, Marisela Escobedo fue abatida en las puertas del Palacio de Gobierno, cuando protagonizaba un plantón.

Luego de años de exigencia de la familia de Escobedo y de las organizaciones que la acompañan, este 17 de diciembre, el gobernador de Chihuahua y el Fiscal aseguraron durante la transmisión del programa noticioso «Chihuahua Seguro» –conducido por el propio Javier Corral– que retomarán la investigación hasta agotar todas las líneas.

«Lo correcto, lo justo, es que retomemos de nuevo la investigación, ya lo había instruido y ahora hemos recibido la petición formal de la CEDHM (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres)», dijo el gobernador.

Por su parte, el Fiscal también presente, aseguró que se retomarán algunos de los señalamientos que se han hecho contra algunos responsables y agotará todas las líneas de investigación y se hará una recapitulación de todo lo que hay en la carpeta de Marisela Escobedo.

En entrevista con Cimacnoticias la Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y defensa legal de la familia de Marisela, la abogada Ruth Fierro, dijo que aún no han sido notificadas formalmente de que se retoma la investigación, ya que la última diligencia en el caso les fue notificada en 2014.

La abogada precisó que espera que esta vez la Fiscalía actúe con la debida diligencia para que sea una investigación eficaz. Las abogadas de la CEDHM están de acuerdo en que sea la Fiscalía de la entidad quien continúe la investigación, pero piden que en lo necesario se coordinen con la federación.

De acuerdo con Ruth Fierro, a 10 años del asesinato de Marisela, su familia, es decir sus hijos, siguen viviendo las consecuencias de la impunidad: desplazamiento forzado e impunidad para el responsable, quien de esperar más tiempo podría evadir la justicia.

«Una vez que el gobernador ha dicho esto, estaremos buscando una conversación con su gobierno para aprovechar al máximo las posibilidades de hacer justicia», precisó la abogada.

El asesinato impune de Marisela Escobedo y Marisol Frayre Escobedo fue llevado por las organizaciones civiles que acompañan a la familia ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), donde se espera que –como en el caso de la indígena Ernestina Ascencio– sea revisado en enero para su posible admisión.

La respuesta de Javier Corral este 2020 vino después de diversas protestas públicas por la impunidad en el caso. Ese día, la colectiva Mujeres de Negro colocó una ofrenda de flores en la placa y el lugar donde cayera Marisela Escobedo antes de morir; más tarde, Jessica, Juan Manuel y Alejandro Fraire, hija e hijos de Marisela Escobedo reclamaron justicia para el caso de su madre.

La conmemoración culminó con un evento virtual por la tarde en el que participó la defensora Luz Estela (Lucha) Castro, quien leyó un posicionamiento y declaró que aún falta mucho camino por recorrer para lograr que el Estado mexicano responda a las víctimas de violencia.

A 10 años del asesinato de Marisela Escobedo, organizaciones y colectivas demandaron una investigación oficiosa, imparcial, exhaustiva y diligente sobre el asesinato de la defensora que permanece impune; también exigieron una investigación eficaz sobre las acciones u omisiones que llevaron a su familia a solicitar asilo político en otro país, y demandaron la adopción de todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en México.

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