Un informe sobre la situación de las mujeres recluidas en penales del estado, elaborado por la Fundación Unidas por la Sangre A.C. revela que son objeto de agresiones, discriminación y desigualdad; además las condiciones de los espacios dificultan que las madres que viven con sus hijos e hijas en prisión tengan una vida digna y segura
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]D[/dropcap]e acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio de México, todos los acusados tendrán las mismas leyes procesales y serán de juzgados de la misma forma en cualquier parte del país y son inocentes hasta que una sentencia determine culpabilidad, no obstante, cuatro de cada 10 mujeres en Chiapas tienen un proceso irregular o no han recibido sentencia después de un año, informó la Fundación Unidas por la Sangre A.C.
El organismo encargado de apoyar a las mujeres, así como a los niños y niñas que se encuentran junto a sus madres en los Centros de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) en el estado, dio a conocer el diagnóstico de la vulnerabilidad de las mujeres en situación de prisión en el que destacan procesos irregulares, discriminación, desigualdad y patrones patriarcales.
En conferencia de prensa, las integrantes de la A.C detallaron que con el apoyo de instancias federales, en el año 2016 lograron la liberación de más de 100 mujeres en situación de cárcel por negligencia, por lo menos 15 de los casos presentaban irregulares en el proceso penal y al menos nueve mujeres permanecían en prisión por falta de pago de fianzas, que van de los mil a los mil 500 pesos.
Por su parte, el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal, destaca que en la entidad chiapaneca existen mujeres en los CERSS que no han tenido la visita de un abogado desde hace más de 12 meses e incluso, existen casos en los que ni siquiera han hablado con uno, principalmente las presas que pertenecen a alguna etnia indígena, pues al no hablar el español las deja en condiciones de mayor vulnerabilidad.
«Las mujeres viven discriminación por ser mujeres, ser pobres, ser indígenas y no hablar español, se han sometido a procesos legales sin la intervención de un traductor y han recibido un doble castigo por ser monolingües y no tener las posibilidades económicas de pagar las fianzas, incluso, las que van desde los mil pesos», señaló una de las integrantes de la organización.
Desigualdades
El perfil promedio de las mujeres en situación de cárcel a nivel estatal es de adulta-joven de entre 21 y 28 años de edad, la mayoría de estas son madres de tres o más hijos, han terminado o cursado algunos años de nivel escolar básico y pertenecen a la clase social baja.
A la fecha, en el CERSS 14 «El Amate» se encuentran 97 mujeres y 16 niñas de 0 a 4 años de edad que viven con sus madres; el CERSS 5 ubicado en San Cristóbal de Las Casas cuenta con 46 mujeres internas, mientras que en el número 3, ubicado en Tapachula, se encuentran 43 mujeres, tres bebés y cuatro niños y niñas de 11, 8, 7 y 6 años de edad que se encuentran en albergues.
El Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal asegura que el 85 por ciento de las mujeres anteriormente mencionadas, presentó violencia integral en sus hogares, 52 de estas asegura haber vivido en las calles aun siendo menores de edad y 105 aseguran haber sido víctimas de abuso sexual por parte de familiares o conocidos.
«Las autoridades están muy lejos de conocer las verdaderas necesidades de estas mujeres, en Chiapas no existe un centro penitenciario para mujeres que les brinde los elementos necesarios y básicos para aspirar a la libertad con un pago efectivo para ganar lo suficiente como para solventar sus gastos básicos», aseguró Jacivi Gómez, integrante de Unidas por la Sangre.
Infancia tras las rejas
El reporte «Condiciones de Hijas e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión» realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que en los últimos cuatro años se ha duplicado el número de menores que viven con sus madres en diversas cárceles del país, ya que actualmente se contabilizan a 618 niños y niñas en estas condiciones.
Sin embargo, lo que ha alertado a la CNDH particularmente son las condiciones que dificultan una vida digna y segura a las madres y los menores que viven en estos centros, en el caso de Chiapas, la comisión asegura que los espacios son notoriamente insuficientes; es decir, en la mayor parte de las correccionales existen violaciones a los derechos humanos de los menores, siendo la ineficiencia de infraestructura el principal obstáculo para tener una vida digna y segura.
El Amate, según la CNDH es el único penal de la entidad que cuenta con las condiciones mínimas adecuadas para las mujeres y sus hijos e hijas, no obstante, se detectó que la elaboración y distribución de la comida se realiza en condiciones insalubres.
Tomando en cuenta los estudios realizados por la organización y los datos aportados por el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal, las integrantes de Unidas por la Sangre exhortaron al gobierno del estado y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encargada de la coordinación de las CERSS en Chiapas a aplicar la perspectiva de género en las leyes, reglamentos, protocolos y procesamientos penitenciarios y de reinserción; revisar exhaustivamente el proceso de detención llevado a cabo; es decir, vigilar si se hicieron valer los derechos de la inculpada y velar por los derechos de las mujeres privadas de la libertad, así como el de los menores que viven con sus madres privadas de la libertad.
