El gobierno federal plantea regular celulares, plataformas digitales e inteligencia artificial entre jóvenes, pero varios problemas pueden atenderse con medidas familiares, escolares y tecnológicas ya disponibles
AquíNoticias Staff
La protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales no debería reducirse a una nueva regulación nacional. El problema existe: uso excesivo de pantallas, exposición a violencia, contenidos sexuales, acoso digital, distracción escolar y manipulación de imágenes con inteligencia artificial. Pero reconocer esos riesgos no obliga a concluir que la salida inmediata debe ser una ley amplia, diseñada desde el poder y presentada después como consenso social.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció foros regionales para construir una propuesta sobre plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes, con la intención de entregarla al Congreso de la Unión. Presidencia informó que los encuentros se realizarán en Nuevo León, Chiapas y Guerrero, además de otros ya efectuados en regiones del país. La SEP también ha planteado un debate nacional para consolidar una cultura digital consciente, crítica y responsable.
El punto no es negar la conversación pública. El punto es preguntar si todo debe convertirse en regulación federal. Si el riesgo es que menores vean violencia, desnudos o contenido inapropiado, existen controles parentales, filtros de contenido, cuentas supervisadas, restricciones por edad, bloqueos y reportes. Antes que una ley general, hace falta que madres, padres y tutores sepan usar esas herramientas y las apliquen con constancia.
Si el problema son los horarios, la primera respuesta está en casa. Los dispositivos pueden limitarse por tiempo, bloquearse por la noche o retirarse antes de dormir. También se pueden establecer reglas para tareas, descanso y convivencia. El Estado puede orientar y capacitar, pero no puede sustituir la responsabilidad cotidiana de las familias.
Si el conflicto está en las escuelas, la solución puede ser mucho más directa: entregar los celulares antes de entrar, guardarlos durante la jornada o permitirlos únicamente cuando haya una actividad pedagógica autorizada. La propia exposición federal reconoce que hay modelos distintos: lineamientos generales, teléfonos fuera del aula o escuelas libres de celulares durante toda la jornada.
Si el riesgo son videos, audios o imágenes generadas con inteligencia artificial, la respuesta debe dirigirse a las plataformas. Los contenidos creados o alterados con IA deben etiquetarse con claridad; los reportes deben resolverse con rapidez; y los casos de suplantación, acoso, difusión no consentida o explotación de imagen deben atenderse como daños concretos. Regular la herramienta en abstracto puede abrir una puerta demasiado amplia; sancionar el daño específico es más preciso.
La discusión internacional existe, pero tampoco resuelve por sí sola el caso mexicano. La Unesco reporta que 114 sistemas educativos tienen algún tipo de prohibición nacional de celulares en escuelas, equivalente a 58 por ciento de los países. Sin embargo, el mismo reporte advierte que limitar el uso del teléfono no elimina la necesidad de enseñar a estudiantes a navegar entornos digitales.
También debe revisarse el uso político de las encuestas. En la discusión pública se citó una encuesta de De las Heras Demotecnia según la cual 71 por ciento de madres y padres de familia considera necesario que el gobierno regule el uso de celulares en las escuelas. Ese dato ha sido retomado por medios, pero no debería usarse como mandato nacional si no se conoce de forma clara la ficha metodológica, la pregunta exacta, el tamaño de la muestra, la fecha de levantamiento y el alcance territorial.
Una política nacional no puede descansar en un porcentaje aislado. Si la encuesta fue local, no puede presentarse como respaldo general. Si fue nacional, debe acreditarse con transparencia. Y aun con respaldo mayoritario, una encuesta no sustituye el análisis de derechos, responsabilidades y límites. Aquí están en juego la privacidad, la autonomía escolar, la responsabilidad familiar, la libertad de expresión, la protección de menores y las obligaciones de las plataformas.
El riesgo político aparece cuando la autoridad invoca la “voz del pueblo” sólo cuando esa voz llega por los canales que el propio gobierno convoca. Escuchar a la sociedad no consiste únicamente en organizar foros oficiales. También implica tomar en serio marchas, movimientos, colectivos, familias, docentes y comunidades cuando se expresan fuera del guion institucional. La participación pública pierde sentido si se administra de manera selectiva.
Por eso, antes de legislar, la autoridad debería responder con precisión: qué riesgo quiere atender, quién tiene responsabilidad directa y cuál es la medida menos invasiva para resolverlo. Violencia y desnudos: controles parentales y cumplimiento de plataformas. Horarios: límites familiares. Escuelas: resguardo de celulares. IA: etiquetado y trazabilidad. Acoso digital: protocolos escolares, atención a víctimas y denuncia. Desinformación: educación mediática, no censura.
La protección de niñas, niños y adolescentes no debe convertirse en una consigna para justificar regulaciones ambiguas. Hay problemas reales, pero muchas soluciones ya están disponibles. Lo urgente no es legislar por reflejo, sino aplicar reglas claras, proporcionales y verificables donde corresponde: en casa, en la escuela, en las plataformas y en la actuación puntual de la autoridad cuando exista daño o delito.
