El columnista afirma que ambos políticos, cercanos al lopezobradorismo, habrían buscado colaborar con autoridades estadounidenses en medio de indagatorias sobre presuntos vínculos entre figuras de Morena y el crimen organizado
AquíNoticias Staff
El periodista Raymundo Riva Palacio señaló en su columna publicada en El Financiero que Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón formarían parte de un grupo de políticos de Morena que habrían buscado colaborar como informantes de autoridades de Estados Unidos. La información se presenta como parte de una trama más amplia relacionada con presuntas investigaciones estadounidenses sobre vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.
El señalamiento ocurre después de que The New York Times reportó que varios políticos de Morena habrían actuado de manera encubierta como informantes del gobierno estadounidense, principalmente ante la DEA, para proporcionar información sobre posibles relaciones entre actores políticos y cárteles. La presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores mencionados en ese contexto rechazaron la publicación y la calificaron como falsa.
En este contexto, conviene precisar qué significa la palabra informante. En términos generales, un informante es una persona que entrega información de manera confidencial a una autoridad para orientar o alimentar una investigación. Esa condición no equivale, por sí misma, a culpabilidad, imputación penal, testigo protegido ni colaborador formal ante un tribunal. El valor legal de la información depende de que las autoridades la verifiquen y, en su caso, la integren a investigaciones oficiales.
De acuerdo con Riva Palacio, López Hernández y Escandón estarían dentro de un número no definido de gobernadores, legisladores y dirigentes políticos mexicanos que buscarían entregar información a autoridades estadounidenses, ya sea porque saben que son investigados o porque intentarían anticiparse a posibles indagatorias.
La columna también sostiene que Adán Augusto López Hernández es considerado por autoridades estadounidenses como una figura relevante dentro de presuntas investigaciones relacionadas con una “economía criminal paralela” surgida durante el sexenio anterior. Riva Palacio vincula esos señalamientos con el periodo en que López Hernández gobernó Tabasco y con el surgimiento del grupo criminal conocido como La Barredora, encabezado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, según el propio texto periodístico.
Respecto a Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y actual cónsul de México en Miami, el columnista plantea que su administración habría sido relevante para las indagatorias por el aumento de la disputa criminal en municipios fronterizos con Guatemala, donde se enfrentaron grupos vinculados al tráfico de personas y drogas. La columna afirma que parte de las actividades investigadas por autoridades estadounidenses habría pasado por territorio chiapaneco durante su gobierno.
El texto también refiere una fractura política y personal entre Adán Augusto López y Rutilio Escandón, luego de la muerte de Rosalinda López Hernández, hermana del senador y esposa del exgobernador chiapaneco, ocurrida en 2024. Según la versión publicada, las diferencias entre ambos se habrían agravado por desacuerdos relacionados con recursos económicos.
Riva Palacio retoma además información atribuida al periodista Roberto Rock, quien señaló que Escandón habría sido convocado por fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para sostener conversaciones en Miami, principalmente relacionadas con información sobre Adán Augusto López. En esa narrativa, Escandón habría sido descrito como “testigo colaborativo”, mientras que el senador tabasqueño aparecería bajo la figura de informante.
Hasta ahora, los señalamientos conocidos públicamente provienen de publicaciones periodísticas y columnas de opinión. No se ha difundido una resolución judicial firme que acredite responsabilidades penales contra Adán Augusto López Hernández o Rutilio Escandón por los hechos referidos en esas publicaciones.
El caso coloca nuevamente en el debate público la relación entre política mexicana, investigaciones estadounidenses, cooperación confidencial y presuntos vínculos entre actores públicos y crimen organizado. También obliga a distinguir entre señalamientos periodísticos, investigaciones en curso, filtraciones, colaboración con autoridades y pruebas judiciales.
