Después del Mundial 2026, el Gobierno federal iniciará una discusión sobre plataformas digitales, celulares en escuelas e inteligencia artificial; el caso San Luis Potosí muestra los riesgos de normas ambiguas
AquíNoticias Staff
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, una vez concluida la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno federal iniciará una discusión pública sobre la regulación de redes sociales, el uso de teléfonos celulares en escuelas y el desarrollo de la inteligencia artificial en México.
La mandataria planteó que el debate comenzará después del 19 de julio, fecha de la final del Mundial, y que incluirá a especialistas en salud, tecnología y educación. El eje central será la protección de niñas, niños y adolescentes frente al uso excesivo de pantallas, plataformas digitales y contenidos nocivos en internet.
La discusión no surge en el vacío. En el mundo, cada vez más sistemas educativos han adoptado restricciones al uso de teléfonos celulares en escuelas. De acuerdo con la UNESCO, 114 sistemas educativos, equivalentes al 58 por ciento de los países, cuentan ya con prohibiciones o limitaciones nacionales al uso de móviles en planteles escolares.
En inteligencia artificial, México llega tarde a una conversación que otras regiones ya comenzaron a ordenar. La Unión Europea puso en vigor su Ley de Inteligencia Artificial el 1 de agosto de 2024, con una aplicación escalonada prevista hacia 2026, bajo un enfoque de regulación por niveles de riesgo.
El punto delicado no está en abrir el debate. Regular puede ser necesario cuando se trata de proteger a menores de edad, prevenir abusos digitales, limitar contenidos dañinos, cuidar datos personales y discutir el poder concentrado de las grandes plataformas.
El problema aparece cuando una regulación nace con una intención legítima, pero queda escrita con conceptos amplios, ambiguos o punitivos. Una ley mal diseñada puede terminar castigando no sólo abusos reales, sino también expresiones críticas, investigaciones periodísticas, sátiras, contenidos de interés público o publicaciones incómodas para el poder.
El antecedente más claro está en San Luis Potosí, donde la llamada “Ley Serrano” incorporó al Código Penal delitos vinculados con el uso de inteligencia artificial. Artículo 19 advirtió que esas reformas han generado una amenaza estructural contra la libertad de expresión, con efecto inhibitorio y acoso judicial contra periodistas, medios, activistas y ciudadanía.
La propia organización ha señalado que los tipos penales locales lesionan principios esenciales del derecho penal y de derechos humanos, como la taxatividad de la norma; además, la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra esos artículos.
Ese caso abre una pregunta que debe acompañar el debate federal: si el Estado crea una norma para combatir contenidos dañinos, pero deja márgenes amplios de interpretación, ¿qué impedirá que se utilice contra periodistas, críticos, opositores, activistas o ciudadanos?
Por eso, la discusión convocada por Sheinbaum tendrá que sostener dos obligaciones al mismo tiempo. La primera: proteger a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos digitales reales. La segunda: impedir que la regulación se convierta en un mecanismo de censura, vigilancia o persecución judicial.
Una regulación democrática tendría que incluir definiciones precisas, criterios técnicos verificables, controles judiciales, transparencia en los procesos de retiro de contenido, protección expresa al periodismo de interés público y límites claros a la intervención del Estado.
El dilema no es regular o no regular. El dilema es cómo regular sin entregar al poder una herramienta para administrar silencios.
