La futura Ley de Economía Digital pretende acelerar el tránsito hacia pagos electrónicos en un país donde el efectivo todavía domina las compras. La medida puede ampliar la trazabilidad y formalización económica, pero su diseño deberá resolver una pregunta central: qué ocurre con quienes no tienen cuenta, conexión o posibilidad de pagar digitalmente
AquíNoticias Staff
Durante décadas, pagar en efectivo significó algo sencillo: entregar dinero y terminar una transacción.
No hacía falta una cuenta bancaria. Tampoco un teléfono, conexión a internet, electricidad disponible, una plataforma tecnológica ni autorización de un intermediario.
El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere comenzar a modificar esa relación.
La presidenta anunció este 8 de septiembre que enviará al Congreso una Ley de Economía Digital orientada a disminuir el uso del efectivo en México y adelantó que la estrategia incorporará “tiempos específicos”. La iniciativa forma parte del conjunto de reformas económicas asociadas al Paquete Económico y sus detalles deberán conocerse en los próximos días.
La idea tiene argumentos económicos relevantes.
Los pagos digitales dejan registros, reducen algunos costos derivados del manejo físico del dinero, pueden facilitar operaciones a distancia y permiten construir historiales financieros que eventualmente abran acceso al crédito. El Banco Mundial identifica además a los sistemas digitales de pago como herramientas capaces de ampliar la inclusión financiera, reducir costos y aumentar la eficiencia de las transacciones.
También existe otro efecto que difícilmente puede separarse de la discusión fiscal: el dinero electrónico es considerablemente más trazable que el efectivo.
Una operación digital deja información sobre monto, momento, origen y destino a disposición de las instituciones participantes y, bajo determinadas reglas legales, puede ser auditada. Esa característica puede ayudar a combatir evasión, lavado de dinero y operaciones económicas fuera de registro.
Pero justamente ahí comienza la otra mitad de la historia.
Reducir el efectivo no consiste únicamente en sustituir billetes por una aplicación.
Significa trasladar progresivamente las operaciones cotidianas hacia una infraestructura que registra movimientos, depende de tecnología y exige algún grado de incorporación al sistema financiero.
Y México todavía es profundamente dependiente del efectivo.
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 encontró que 85% de la población utilizaba efectivo como medio de pago más frecuente en compras de hasta 500 pesos. Incluso cuando la compra superaba esa cantidad, el porcentaje seguía en 73%.
La diferencia territorial es todavía mayor.
En localidades rurales, el efectivo era utilizado para 94% de las compras pequeñas y 88% de las superiores a 500 pesos. En la región sur del país —que incluye Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán— 82% recurría al efectivo para compras de más de 500 pesos.
No es únicamente una preferencia cultural.
En 2024, sólo 63% de las personas de 18 a 70 años tenía una cuenta de ahorro formal. Entre quienes hablan una lengua indígena, apenas 58.2% tenía algún producto financiero formal.
La infraestructura digital también sigue siendo desigual.
Aunque en 2025 el uso de internet alcanzó 86.1% de la población mexicana de seis años y más, bajaba a 75.2% en zonas rurales. Y en Chiapas únicamente 53.9% de los hogares tenía conexión a internet, el porcentaje más bajo reportado por INEGI entre las entidades del país.
La pregunta entonces cambia.
No es únicamente cuánto efectivo quiere retirar México de su economía.
Es qué infraestructura deberá construir antes de hacerlo.
Porque una política diseñada pensando en quien tiene teléfono inteligente, datos móviles, cuenta bancaria y comercios que aceptan transferencias puede funcionar muy diferente para quien vive en una comunidad donde falla la señal, cobra diariamente en efectivo o compra en establecimientos sin terminal bancaria.
El propio Banco de México encontró algo revelador en sus estudios sobre el uso del efectivo de 2024: 95% de la población encuestada acostumbraba utilizarlo y, ante la posibilidad de que dejara de aceptarse, entre 77% y 80% identificó a comunidades rurales, personas mayores y población de bajos ingresos entre quienes enfrentarían mayores dificultades.
Hay otro cambio menos visible: la privacidad.
El efectivo tiene una característica que prácticamente desaparece cuando una operación se digitaliza: no produce automáticamente un registro individual de cada compra.
Los pagos electrónicos generan datos. Quién los conserva, durante cuánto tiempo, con qué finalidad pueden utilizarse, quién puede consultarlos y bajo qué orden jurídica deberían ser preguntas centrales de cualquier legislación que pretenda acelerar su utilización.
Esto no significa que el gobierno vaya a observar automáticamente cada compra.
Sí significa que una economía más digital acumula una cantidad mucho mayor de información financiera sobre sus ciudadanos y empresas. El Banco Mundial coloca precisamente la protección de datos, la privacidad y el consentimiento entre los componentes necesarios de una regulación responsable de los servicios financieros digitales.
También cambia la naturaleza del riesgo.
Un billete puede perderse o ser robado.
El dinero digital enfrenta otro conjunto de amenazas: robo de identidad, fraude electrónico, interrupciones de sistemas, filtración de información y ataques contra la infraestructura financiera.
Banco de México reconoce que los riesgos cibernéticos pueden provocar indisponibilidad de servicios, comprometer información de clientes y generar pérdidas económicas tanto para instituciones como para usuarios.
Una economía con menos efectivo también depende más de que esa infraestructura nunca se detenga.
Una falla eléctrica, la caída de telecomunicaciones o un problema en un sistema de pagos deja de ser sólo una molestia tecnológica cuando impide comprar comida, pagar transporte o recibir dinero.
Por eso incluso bancos centrales de economías mucho más digitalizadas han comenzado a defender una idea distinta a la desaparición total del efectivo: promover pagos digitales sin eliminar el dinero físico como mecanismo de inclusión y resiliencia. El Banco de Pagos Internacionales señaló este año que, pese al crecimiento continuo de los pagos electrónicos, el efectivo en circulación mantiene relevancia y puede funcionar como una alternativa cuando otros canales fallan.
México ya está avanzando hacia lo digital sin necesidad de una prohibición.
Entre quienes tenían una cuenta de ahorro formal, el uso de aplicaciones móviles para consultar o realizar movimientos pasó de 54.3% en 2021 a 69.1% en 2024. Tarjetas y transferencias también ganaron terreno mientras disminuyó el uso relativo del efectivo.
La nueva ley puede acelerar esa transición.
El problema sería confundir acelerarla con imponerla.
Reducir el efectivo puede ayudar a transparentar operaciones, ampliar servicios financieros y modernizar la economía. También puede hacer que una transacción cotidiana dependa de una infraestructura privada o pública, producir información sobre prácticamente cada movimiento económico y dejar en desventaja a quienes todavía viven fuera de la conectividad y el sistema bancario.
Por eso la discusión que comenzará cuando el gobierno presente la iniciativa no debería limitarse a preguntar cuánto efectivo quiere eliminar.
Habrá que revisar algo más importante:
qué derecho tendrá una persona a seguir pagando cuando no tenga internet, cuenta bancaria, teléfono o simplemente no quiera convertir cada operación cotidiana en un dato digital.
Porque digitalizar una economía puede hacer visible el dinero.
El reto será hacerlo sin volver invisibles a quienes todavía viven de él en efectivo.
