La propuesta plantea penas de 50 a 70 años de prisión, agravantes específicas, reparación integral del daño, atención a víctimas y reglas comunes para fiscalías en todo el país
AquíNoticias Staff
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con la que busca homologar los mecanismos de investigación y sanción en todo el país.
Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que el objetivo es avanzar hacia la “cero impunidad” en los casos de feminicidio, mediante prevención, atención, educación, formación en igualdad entre mujeres y hombres, trato digno, no discriminación y rechazo al machismo.
Sheinbaum sostuvo que la ley busca que las fiscalías trabajen bajo criterios comunes, con el fin de evitar que muertes violentas de mujeres sean clasificadas de forma incorrecta, por ejemplo, como suicidios, cuando existan elementos para investigarlas como feminicidio.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa homologa el tipo penal en todo el país. El texto establece que comete feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género.
La propuesta contempla 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delitos motivados por estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría de poder.
También establece penas de 50 a 70 años de prisión y 19 agravantes que pueden aumentar la sanción en una mitad. Entre ellas se consideran casos en los que la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el delito sea cometido por una persona funcionaria pública o existan signos de violencia con ácido o sustancias inflamables.
Además de la pena de prisión, la persona responsable perderá derechos sucesorios, tutela, curatela, guarda y custodia, patria potestad, y podrá ser destituida e inhabilitada para ocupar cargos públicos.
La iniciativa prohíbe excusas absolutorias o atenuantes por feminicidio. También establece que el delito, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, y que no procederán criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, señaló que las investigaciones deberán realizarse con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
El proyecto dispone que la unidad o fiscalía especializada que inicie la investigación deberá intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde el inicio hasta la ejecución de las sanciones, para garantizar continuidad procesal y protección integral de derechos.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, informó que la ley reconoce derechos de víctimas directas e indirectas, entre ellos acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, atención para niñas, niños y adolescentes en orfandad, entrega digna del cuerpo y servicios de traducción e interpretación.
La propuesta también contempla reparación integral del daño, acciones de bienestar para hijas e hijos de víctimas, campañas de concientización, grupos técnicos de apoyo, actualización de registros nacionales de feminicidio, planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes y el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
La iniciativa será analizada por el Congreso de la Unión. Su alcance dependerá del proceso legislativo y de su aplicación efectiva por fiscalías, tribunales, instituciones de atención a víctimas y gobiernos estatales.
