El Gobierno promete contratos mensuales, más datos de Pemex y CFE y nuevas herramientas en la PNT. También plantea simplificar las 17 causales de reserva; seguridad nacional y procedimientos en curso seguirán siendo excepciones
AquíNoticias Staff
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto con el que su Gobierno pretende ampliar la publicación de información pública, fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia y reducir el margen de los servidores públicos para decidir, caso por caso y bajo su propio criterio, qué información se entrega y cuál se reserva.
El cambio central, según explicó la mandataria, consiste precisamente en sacar esa decisión de la discrecionalidad individual de secretarios, directores y otros funcionarios y sujetarla a lineamientos específicos.
“Con este Decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE”, afirmó durante la conferencia presidencial.
Sheinbaum sostuvo que deberán hacerse públicas las actividades gubernamentales y el ejercicio de los recursos, mientras que las excepciones se concentrarán en información cuya difusión pueda afectar procedimientos administrativos o judiciales en curso y aquella que corresponda realmente a seguridad nacional.
La Presidenta calificó el nuevo esquema como de “transparencia total”. Esa expresión corresponde a la valoración del Gobierno: el decreto mantiene posibilidades de reserva y todavía falta conocer cómo operarán algunos de sus límites en casos concretos.
¿Qué cambia?
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto obliga a las instituciones federales a publicar información adicional a la que ya exige la ley.
Uno de los cambios más visibles será la publicación mensual de todos los contratos públicos.
También se incorporará más información sobre las filiales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, entre ella estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante agencias extranjeras.
En materia de fiscalización, el Gobierno deberá publicar información sobre el Programa Anual de Fiscalización, el avance de las auditorías, el seguimiento de observaciones formuladas por los órganos internos de control y los despachos externos que participan en las revisiones.
El decreto también plantea incorporar a la Plataforma Nacional de Transparencia formatos más sencillos y herramientas para facilitar la descarga y consulta de información.
Buenrostro señaló que esos cambios deberán estar disponibles a más tardar dentro de 30 días hábiles.
¿Qué seguirá pudiendo reservarse?
El decreto no elimina la figura de información reservada.
Sheinbaum señaló que seguirán existiendo restricciones cuando la divulgación pueda comprometer la seguridad nacional o afectar procedimientos administrativos o judiciales en curso.
El artículo 6 constitucional permite que determinada información pública sea reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, bajo los supuestos establecidos en la ley.
La diferencia que plantea ahora el Gobierno es que la clasificación no dependa de la decisión individual de cada servidor público, sino de criterios previamente establecidos.
Además, Buenrostro anunció una simplificación de las 17 causales actuales de reserva relacionadas con interés público y seguridad nacional.
Ese punto será uno de los que requiera mayor precisión cuando se conozcan los lineamientos completos y la modificación legal prevista.
Incluso lo reservado deberá abrirse parcialmente
Otro elemento relevante es la intención de privilegiar las versiones públicas.
Esto significa que, cuando un documento contenga información que legalmente deba mantenerse reservada, no necesariamente tendrá que permanecer oculto por completo: podrá difundirse eliminando o protegiendo únicamente las partes que justifiquen la reserva.
El Gobierno sostiene que con ello se evitará que la existencia de información sensible dentro de un expediente se convierta automáticamente en razón para cerrar todo el documento al público.
¿Y la Plataforma Nacional de Transparencia?
La PNT continuará funcionando y, de acuerdo con Buenrostro, será fortalecida.
La funcionaria informó que la plataforma ya fue estabilizada y que se incorporaron herramientas para facilitar la descarga de datos y formatos más accesibles.
Dentro de los próximos 30 días hábiles deberá añadirse nueva información de interés público y actualizarse el contenido disponible.
El decreto también invita a gobiernos estatales, municipios y otros poderes a adoptar mecanismos semejantes, aunque esa parte no implica por sí misma una obligación automática para autoridades ajenas al Ejecutivo federal.
Lo que el decreto todavía debe aclarar
La presentación responde parcialmente a una de las dudas que surgieron desde el anuncio inicial: el Gobierno sostiene que ya no será cada funcionario quien determine libremente qué información se reserva.
Pero quedan preguntas institucionales.
La primera es cómo se definirán exactamente las nuevas causales una vez que las 17 actuales sean “simplificadas”.
La segunda es qué criterios deberán cumplirse para acreditar que un documento corresponde realmente a seguridad nacional o que su publicación pone en riesgo un procedimiento.
La tercera es quién tendrá la última palabra cuando una persona considere injustificada una reserva.
Ese punto cobra especial importancia después de la desaparición del INAI y del traslado de las funciones federales de transparencia a la nueva estructura institucional.
El decreto, por tanto, puede reducir discrecionalidad dentro de las dependencias, pero la transparencia no se mide únicamente por cuánta información decide publicar un gobierno. También depende de la capacidad del ciudadano para impugnar una negativa cuando considere que aquello que busca conocer debería ser público.
El decreto llegará también a la ley
Buenrostro informó que las medidas anunciadas serán incorporadas a iniciativas que la Secretaría Anticorrupción trabaja con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para modificar la Ley General de Transparencia.
Ahí estará otra parte decisiva del proceso.
El decreto puede modificar prácticas administrativas dentro del Gobierno federal; la reforma legal determinará qué reglas permanecerán como obligaciones generales y cuáles serán los controles aplicables cuando una autoridad quiera reservar información.
La promesa oficial es ampliar la apertura.
La prueba estará en los casos difíciles: cuando una solicitud toque contratos incómodos, decisiones gubernamentales controvertidas o documentos que una dependencia prefiera mantener fuera del escrutinio público.
