El Gobierno federal busca presentar el viraje energético como soberanía, ciencia y seguridad nacional; el punto políticamente más delicado no está en los pozos, sino en el mecanismo financiero que podría involucrar inversión privada
AquíNoticias Staff
La discusión sobre el regreso del fracking a México ya no ocurre sólo en el terreno ambiental. Tampoco se limita al dictamen científico que prepara el comité de especialistas convocado por el Gobierno federal. La disputa central se movió al dinero.
De acuerdo con información publicada por EL PAÍS, la Administración de Claudia Sheinbaum analiza la creación de un fideicomiso especializado para financiar una eventual estrategia de exploración y explotación de gas natural no convencional. El instrumento permitiría atraer recursos públicos y privados, administrar flujos financieros, ofrecer garantías a inversionistas y aislar los proyectos de la crisis financiera de Pemex.
El dato modifica el centro de gravedad del debate. El fracking ya no aparece únicamente como una decisión técnica, sino como una operación política para reconciliar tres piezas difíciles: la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos, la necesidad de inversión privada y el discurso histórico de Morena contra la apertura energética.
La narrativa oficial intenta separar el nuevo modelo de las rondas petroleras y asociaciones impulsadas durante la reforma energética de 2013. Según el documento referido por EL PAÍS, el fideicomiso no modificaría la propiedad nacional de los hidrocarburos prevista en el artículo 27 constitucional; funcionaría como mecanismo de administración, transparencia y gobernanza financiera.
La explicación jurídica puede ser ordenada. La lectura política es más incómoda. Morena construyó parte de su identidad pública denunciando la apertura del sector energético al capital privado. Ahora, el mismo bloque gobernante explora un vehículo que, sin privatizar formalmente los recursos, permitiría financiar con capital privado un proyecto estratégico.
Ahí está la paradoja. El Gobierno busca reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, pero para hacerlo podría terminar apoyándose en inversionistas privados y, eventualmente, en compañías extranjeras con experiencia en gas de lutitas. EL PAÍS reporta que empresas energéticas estadounidenses estarían entre las mejor posicionadas por cercanía geográfica, capital y tecnología.
El diagnóstico energético no es menor. México consume alrededor de 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural; Pemex produce cerca de 2,300 millones y el resto se importa, principalmente desde Estados Unidos, de acuerdo con información difundida en abril.
Ese déficit es el argumento central del viraje. La Jornada reportó que la secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que México importa una parte sustantiva de su consumo de gas natural, mientras Pemex proyecta aumentar la producción con fuentes convencionales y no convencionales. En esa misma presentación se habló de reservas no convencionales relevantes para la estrategia energética.
Sheinbaum ha intentado ubicar el tema en una ecuación de soberanía, desarrollo y viabilidad. “¿Qué ponemos en el centro? La soberanía, el desarrollo del país, el futuro ambiental, las siguientes generaciones”, dijo en abril, según La Jornada.
La frase revela el esfuerzo discursivo: no presentar el fracking como retroceso ambiental, sino como una decisión condicionada por tecnología, seguridad energética y capacidad de producción. Reuters documentó que la presidenta reconoció un cambio de postura y argumentó que nuevas tecnologías podrían reducir impactos ambientales.
El comité técnico es la pieza de legitimidad. EL PAÍS informó que especialistas de instituciones como la UNAM, UAM, IPN e Instituto Mexicano del Petróleo fueron convocados para evaluar la factibilidad del fracking, con áreas como geología, manejo de residuos, tratamiento de aguas e hidrocarburos.
Pero el comité no resuelve el dilema completo. Puede ofrecer un dictamen técnico, incluso recomendaciones ambientales. Lo que no puede borrar es la contradicción política: un gobierno que defendió la soberanía energética como control estatal ahora necesita construir un puente financiero con el capital privado para materializar esa misma soberanía.
El fideicomiso, por eso, se vuelve más que una herramienta administrativa. Es el corazón político del proyecto. Sin él, la estrategia podría quedarse en diagnóstico. Con él, el Gobierno podría abrir una nueva etapa energética, pero también una discusión interna sobre los límites del pragmatismo en la llamada cuarta transformación.
El costo no estará sólo en los pozos. Estará en la explicación pública. Sheinbaum deberá convencer a su base, a sus adversarios y a los sectores ambientalistas de que la participación privada no contradice la soberanía energética, sino que la hace posible. Esa será la verdadera fractura: no hidráulica, sino política.
