Comunidades de la Bahía de Ohuira llevan años cuestionando el proyecto por sus posibles impactos ambientales y riesgos. Ahora el gobierno dice que escuchará sus razones antes de decidir, cuando la planta está prácticamente construida
AquíNoticias Staff
Preguntar por qué existe oposición a la planta de amoniaco de Topolobampo supone tratar como nueva una discusión que lleva más de una década abierta en Sinaloa. Las comunidades han protestado, acudido a tribunales, participado en consultas y cuestionado los posibles efectos del proyecto sobre la Bahía de Ohuira. Este lunes, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno realiza asambleas públicas para conocer “por qué se oponen” antes de tomar una decisión sobre una infraestructura que ella misma informó, apenas en junio, estaba construida en 95 por ciento.
La declaración ocurrió mientras activistas de Greenpeace México protestaban en el Zócalo de la Ciudad de México. Dos integrantes de la organización escalaron el asta bandera y desplegaron el mensaje “Presidenta: ¡Proteja Topolobampo!”, mientras integrantes del colectivo ¡Aquí No! y representantes de comunidades de la zona exigieron la cancelación del proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente. Greenpeace sostiene que la movilización forma parte de una resistencia que acumula más de 13 años alrededor de la Bahía de Ohuira.
Frente a la protesta, Sheinbaum explicó que existe un proceso de diálogo con las comunidades y reconoció dos fuentes de inconformidad: compromisos asumidos por la empresa con poblaciones de la zona y preocupaciones relacionadas con la contaminación. “Se está buscando ver cómo resolverla, para que la laguna no se contamine”, señaló. Después afirmó que el gobierno esperará a que concluyan las asambleas para tomar una decisión y sostuvo que la empresa deberá cumplir sus compromisos y evitar impactos en la zona.
La explicación deja, sin embargo, una contradicción difícil de ignorar: las razones de la oposición son conocidas por el Estado mexicano desde hace años.
El proyecto fue autorizado originalmente en materia de impacto ambiental en 2014 y recibió una ampliación en 2018. Después de litigios promovidos en torno a la planta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2021 que las comunidades indígenas involucradas debían ser consultadas. Semarnat dejó entonces sin efectos las autorizaciones anteriores y realizó entre mayo y septiembre de 2022 un proceso de consulta previa, libre e informada con comunidades Mayo-Yoreme.
Incluso desde la etapa preparatoria de aquella consulta existían expresiones formales de rechazo. La convocatoria publicada en 2022 consignó que la comunidad de Lázaro Cárdenas se manifestó “en contra de iniciar el proceso de consulta” ordenado por la Suprema Corte, mientras Ohuira y Paredones mantenían sus propios procesos de deliberación. Es decir, la inconformidad no apareció con la protesta de este lunes ni necesitaba una movilización en el Zócalo para ser conocida por las autoridades.
Después de aquel proceso, Semarnat emitió el 19 de septiembre de 2022 una nueva autorización de impacto ambiental condicionada al cumplimiento de medidas específicas. La dependencia informó este año que esas obligaciones contemplan vigilancia ambiental, monitoreo, protección de agua, aire, manglares y fauna, restauración ecológica y mecanismos de respuesta ante contingencias. La existencia misma de esas condicionantes muestra que el debate no puede reducirse a una promesa de que simplemente “no habrá impactos”: el reto ambiental consiste precisamente en prevenir, controlar, mitigar y vigilar los efectos y riesgos asociados con una instalación industrial de esta escala.
Pero el punto más delicado de la discusión ya no está únicamente en conocer los argumentos a favor y en contra. Está en determinar qué pueden cambiar realmente las comunidades a estas alturas del proyecto.
El 30 de junio, Sheinbaum explicó desde Palacio Nacional que la planta estaba al 95 por ciento de construcción. “Ya solo le falta el 5 por ciento para terminarse”, dijo entonces. También defendió que existía un estudio de impacto ambiental y recordó que se había realizado una consulta durante el sexenio anterior.
Ese dato cambia el sentido de cualquier proceso participativo posterior. Una comunidad puede ser escuchada cuando una obra está prácticamente terminada, pero escuchar no equivale necesariamente a permitir que decida sobre su realización. Si 95 de cada 100 partes de la infraestructura ya fueron construidas, la pregunta indispensable es qué aspectos sustantivos permanecen realmente abiertos a modificación.
El propio gobierno federal instaló en julio cinco mesas de diálogo e información, no una nueva consulta vinculante para decidir mediante un sí o un no la existencia de la planta. La Secretaría de Gobernación explicó que esos encuentros servirían para escuchar y analizar inquietudes, revisar las condiciones ambientales de la bahía, discutir autorizaciones y obligaciones y generar condiciones para una “toma de decisiones informada”.
Las mesas pueden tener utilidad. Pueden derivar en mayores controles ambientales, nuevas obligaciones para la empresa, mecanismos de vigilancia comunitaria, proyectos de compensación, protocolos frente a contingencias o cambios en las condiciones de operación. Incluso pueden producir información capaz de modificar una decisión gubernamental. Lo que todavía no está claro es si existe la posibilidad efectiva de detener una infraestructura que ya cuenta con autorización ambiental y que, según la propia Presidencia, estaba al 95 por ciento de avance desde junio.
La discusión tampoco consiste en afirmar que una planta de amoniaco necesariamente provocará una catástrofe. El proyecto tiene defensores que destacan su importancia para la producción nacional de fertilizantes y la reducción de importaciones. La Secretaría de Economía sostiene que la instalación podría disminuir hasta en 70 por ciento la dependencia de fertilizantes importados, argumento utilizado por el gobierno para colocarla dentro de su estrategia de seguridad alimentaria.
Pero los beneficios económicos proyectados no eliminan las preocupaciones ambientales ni convierten en inexplicable que comunidades asentadas alrededor de la bahía cuestionen una instalación petroquímica. Precisamente por eso existen evaluaciones de impacto, condicionantes, sistemas de seguridad y obligaciones de monitoreo.
El conflicto de Topolobampo enfrenta así dos planos que el gobierno deberá resolver sin confundirlos. Uno es si la planta puede operar bajo condiciones técnicas y ambientales aceptables. Otro, igualmente importante, es qué valor tiene la participación de las comunidades cuando la decisión material ha avanzado mucho más rápido que el diálogo político.
Sheinbaum resumió este lunes su postura con la frase “nada a la fuerza, todo por la razón”. Para que esa máxima tenga consecuencias concretas, falta responder una pregunta que las asambleas por sí solas no resuelven: ¿qué pueden decidir todavía quienes se oponen si la planta ya fue autorizada y está prácticamente terminada?
Las razones del rechazo llevan años sobre la mesa. Lo que ahora necesita explicación es el alcance real de escuchar a las comunidades cuando casi toda la infraestructura ya está construida.
