Solo policias podrian ser castigados por el operativo en contra de padres de Ayotzinapa

Demandan organismos de derechos humanos que sea una investigación exhaustiva que incluya altos mandos

Sandra de los Santos / Aquínoticias

La investigación interna que inició la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el operativo que implementaron el pasado 16 de febrero a en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá así como padres y madres de los desaparecios de Ayotzinapa, solo incluye a 60 elementos antimotines según dio a conocer esa propia dependencia.

El director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, Diego Cadenas Gordillo, quien está dando seguimiento a la denuncia interpuesta por las personas agraviadas en el operativo, explicó que la investigación interna que está realizando la Secretaría es independiente a la denuncia en la Fiscalía General del Estado.

«Existen protocolos de actuación para implementar un operativo. El protocolo del 2017 prevé que deben de estar personal de protección civil, Cruz Roja, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que debe de agotarse primero el diálogo para proceder a un desalojo cuando están obstruidas las vías de comunicación, pero ni siquiera se estaba obstruyendo la vía, entonces, lo que vemos es una criminalización en contra de los normalistas, un acto de uso excesivo de la fuerza» señaló el defensor.

En otros operativos en contra de los normalistas también habían disparado gas lacrimógeno, pero en esta ocasión se apuntó directo al contingente y desde una distancia muy corta lo que ocasionó que cuatro personas tuvieran que ser hospitalizadas. El joven de Ayotzinapa, Juan Antonio Flores García continúa grave de salud. La caravana de padres y madres decidieron suspender su recorrido y quedarse en Chiapas hasta que todas las personas se restablezcan.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la actuación de la policía de Chiapas y dijo que este caso evidencia la necesidad de la regulación y vigilancia de estos operativos para que se realicen en apego a los derechos humanos.

 

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