La respuesta no podía esperar más. Todo se fue acumulando. Presuntas muertes extrajudiciales a 22 personas en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México; la muerte de seis y desaparición de otras 43 en Iguala, Guerrero; las manifestaciones masivas en el país condenando estos crímenes, exigiendo justicia; y por si fuera poco, el escándalo de la llamada «casa blanca», propiedad de la primera dama del país. No, no podía esperar más, insistimos, y ayer, por fin, el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas para atender la crisis que se vive en el país.
1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios: Peña anunció que el lunes enviará la iniciativa de ley en la que lo más destacado es la posibilidad de disolución de un ayuntamiento en caso de indicios probables de que esté infiltrado por el narco. Esta es, por tanto, la respuesta más directa a lo acontecido en Iguala.
2. Reformas al sistema de competencias penales: Recordemos que el gobierno federal se tardó 10 días en atraer el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Incluso el propio Presidente calificó el hecho como «una cuestión municipal». Se busca agilizar la actuación.
3. Mando único policiaco a nivel estatal: Se trata de dar solución a uno de los principales problemas del país: policías corruptos y sin la preparación necesaria. Por ejemplo, en Iguala, la policía adscrita a José Luis Abarca no estaba inscrita en el programa de mando único que intentó implementar el gobernador Ángel Aguirre. Se buscan mayores controles de los elementos.
4. Número único de emergencias: 911. Sí, como el de los Estados Unidos. Un solo número para evitar estas confusiones. Lo que no se sabe aún es quién responderá. Se busca, como es obvio, asegura una respuesta rápida, efectiva y correcta.
5. Clave única de identidad: El famoso código de barras para humanos. Es probable que este nuevo número reemplace a la CURP o la credencial de elector. La incertidumbre será sobre el uso que se haga de los datos personales.
6. Operativo federal en Michoacán y Guerrero: Bueno, esto ya ocurre. La capital de Guerrero lleva bajo operativo federal desde hace más de un año, y Michoacán cuenta con un comisionado designado personalmente por el Presidente.
7. Acceso a la justicia cotidiana: Qué es esto. Qué es la justicia cotidiana. Al saber. No se ahondó mucho sobre este rubro, pero bien se puede entender con acercar los servicios de justicia a los municipios, a las comunidades. Para poder denunciar y exigir justicia más inmediata.
8. Fortalecimiento de derechos humanos: Esta propuesta es la oportunidad de crear nuevos mecanismos y protocolos para evitar abusos de autoridad y promover una mejor actuación.
9. Combate a la corrupción: Esta propuesta responde, nos atrevemos a afirmar, por el escandaloso caso de la «casa blanca». El tema de la corrupción ha sido una bandera panista desde hace algún tiempo, pero se sitúa ahora con más fuerza en la agenda pública por este «lujito» de la esposa del preciso.
10. Transparencia y rendición de cuentas: Se planteó poner a disposición de la ciudadanía (mediante la creación de un nuevo portal electrónico) los contratos de empresas privadas con el gobierno, así como la posibilidad de sancionar a aquellas que durante las licitaciones obren de manera ilegal o participen en influencia indebida de funcionarios.
Los expertos coinciden que, desde la visión del gobierno federal, para lograr un cambio primero hay que modificar la legislación y no la política pública.
Ágora
En el mensaje «Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo», que ayer dirigió a la nación el presidente Enrique Peña Nieto, debemos destacar el anunció de la estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Entre los principales elementos de esta estrategia destaca la creación de tres Zonas Económicas Especiales: el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas, en nuestro estado; y los municipios colindantes al Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.
Para el Sur corresponderán 195 mil mdp en infraestructura, trato fiscal diferenciado a los productores, apoyo a escuelas normales rurales, plan emergente de empleo temporal para beneficiar a unas 300 mil familias, 2 mil mdp adicionales para créditos a pequeñas y medianas empresas, 4 mil mdp adicionales de créditos para programas emergentes para el campo, programa de renovación y repoblación de cafetales, y un programa inmediato de pavimentación.
Corrillo
El Senador Zoé Robledo respaldó el intento federal por reducir la brecha de desigualdad que existe entre el norte y el sur del país. Desde el inicio de la legislatura ha insistido en la deuda histórica que se tiene para con la región Sur Sureste. Dijo que respalda la postura porque efectivamente al hablar de justicia, no se puede tratar igual a los desiguales. Y el Sur requiere este trato diferenciado.
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