La promesa hecha desde el gobierno de Juan Sabines podría hacerse realidad pronto con la desincorporación de terrenos que aprobó el Congreso del Estado
Ana Liz Leyte / Aquínoticias
Liberados del caso Acteal, quienes por diez años pasaron de la cárcel, al destierro y abandono total, podrían nuevamente tener un hogar al aprobar el Congreso del Estado, la desincorporación de terrenos, que serían donados para los llamados «liberados de Acteal».
El próximo 22 de diciembre, se cumplen 22 años de la Matanza del Caso Acteal, en donde 45 indígenas fueron asesinados y 18 personas fueron condenadas por portación de armas (mismos que años después fueron liberados). Estos últimos hoy sufren del abandono total, no tienen trabajo, no cuentan con una vivienda y tampoco pueden retornar a su lugar de origen.
Estas familias, quienes fueron detenidas y encarceladas, acusados de la masacre de Acteal en 1997 y que años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación, habían amenazado con iniciar una vez más, un plantón fuera de Palacio de Gobierno, ya que aseguraban que desde la entrada de la nueva administración no se había cumplido el acuerdo que en 2009 se pactó.
Años difíciles
Las familias que conforman este grupo, aseguran que han buscado la manera de salir adelante, sin embargo, no es fácil pagar una renta y comida para todos, por lo que les es fundamental, el apoyo del gobierno.
«Difícil como la vez pasada que lo habían comentado, supuestamente el gobierno nos prometieron que pudiéramos vender como ambulantes aquí en el mercado, lo aceptamos, no nos apoyaron y aparte eso, nos están apoyando en gobierno anterior con Juan Sabines y el güero, nos estaban apoyando semanalmente, nos estaban dando mil 500 y los quitaron desde hace dos años, no nos quieren apoyar que podamos trabajar, nos quitaron el apoyo y no nos quieren dar un inmueble», denunció Pablo Hernández Pérez, liberado caso Acteal.
Recordemos que hace diez años, para evitar hechos violentos, las autoridades y los liberados firmaron un acuerdo para evitar que los indígenas exonerados regresaran a Chenalhó y a sus comunidades de origen.
En ese entonces, el gobierno de Juan Sabines, prometió que les otorgaría tierras de cultivo, una casa y proyectos productivos por un periodo de cinco años, al término del cual los bienes pasarían a ser de su propiedad, sin embargo, esta promesa no se había cumplido hasta el día de hoy, con la aprobación que realizó el Congreso del Estado.
