México permanece en la lista estadounidense de principales países de tránsito o producción de drogas, pero no figura entre los cuatro gobiernos declarados en incumplimiento. Washington reconoce decomisos, laboratorios desmantelados y cooperación bilateral, mientras reclama más inversión en seguridad, controles fronterizos y acciones contra la corrupción política
AquíNoticias Staff
Donald Trump volvió a colocar a México bajo presión en materia de seguridad, pero el mensaje de Washington tiene dos planos distintos que conviene separar: la inclusión de México en la lista anual de países relevantes para el tránsito o producción de drogas no constituye, por sí misma, una sanción ni una declaración de fracaso; la novedad política está en las exigencias concretas que el presidente estadounidense dirigió al gobierno de Claudia Sheinbaum, particularmente contra funcionarios públicos vinculados con los cárteles.
La determinación presidencial para el año fiscal 2027 identifica a 23 países como principales territorios de tránsito de drogas o de producción ilícita. México vuelve a aparecer, como ya ocurrió en la lista correspondiente al año fiscal 2026. La legislación estadounidense permite incluir a un país por factores geográficos, económicos y comerciales incluso cuando su gobierno mantiene acciones antidrogas; de hecho, sólo Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia fueron señalados este año por Washington como países que “fallaron demostrablemente” en sus obligaciones. México no está en ese grupo.
Ahí está una primera precisión frente a la lectura más estridente de la decisión: Trump no “descertificó” a México. Lo que hizo fue mantenerlo en una clasificación estructural que ya existía y utilizar el documento para endurecer públicamente las condiciones políticas de la cooperación bilateral.
El apartado mexicano combina reconocimiento y presión. Trump acreditó al gobierno de Sheinbaum mayores decomisos de drogas, destrucción de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos policiales y militares adicionales en la frontera común. También atribuyó a la cooperación entre ambos países resultados contra dirigentes criminales, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien murió después del operativo militar realizado en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero.
Pero inmediatamente después del reconocimiento aparece la presión. Trump sostiene que México debe emprender acciones adicionales contra las organizaciones que su gobierno denomina “narcoterroristas”, incrementar las inspecciones en los puntos de entrada, incorporar más participación de empresas privadas en la protección de las cadenas de suministro y elevar el gasto destinado a las fuerzas de seguridad. Según la determinación, la inversión mexicana actual resulta insuficiente para mantener y ampliar las operaciones contra los grupos criminales, sus finanzas y sus redes.
La exigencia políticamente más delicada está dirigida hacia adentro del Estado mexicano. Trump plantea que esa ofensiva debe incluir “exponer, arrestar y procesar” a funcionarios públicos corruptos que hayan colaborado con los cárteles. La formulación escala el señalamiento estadounidense: ya no se concentra únicamente en las organizaciones criminales, sino en las posibles redes de protección institucional que hacen posible su operación.
Sin embargo, hay un límite importante en el documento público: Trump habla de “muchos” funcionarios corruptos, pero no proporciona nombres, cargos, expedientes ni casos específicos que permitan conocer a quiénes se refiere. La acusación, por tanto, queda planteada en términos generales dentro de la determinación presidencial y no como una imputación pública sustentada ahí mismo contra personas identificadas.
Ese vacío importa porque la presión estadounidense sobre supuestos vínculos entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales ha aumentado durante 2026. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano sostiene que ya existen investigaciones contra redes de protección institucional. El 8 de septiembre, días antes de la nueva determinación de Trump, el Gabinete de Seguridad informó que la llamada Operación Enjambre había permitido detener a 111 funcionarios públicos relacionados con actividades delictivas, entre ellos presidentes municipales. La administración de Sheinbaum afirmó entonces que su política es de “cero tolerancia” independientemente del cargo o la afiliación partidista.
Esto introduce la disputa de fondo: Washington considera insuficiente la actuación mexicana; México responde que existen resultados y reclama que Estados Unidos asuma también su parte de la cadena criminal.
Sheinbaum ya había contestado a una crítica semejante apenas el 10 de septiembre, cuando el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la lucha mexicana contra los cárteles todavía no era suficiente. La presidenta atribuyó esas declaraciones al contexto electoral estadounidense y pidió que México no fuera utilizado en la campaña política de aquel país. También reiteró dos reclamos de su gobierno: atender el consumo interno de drogas en Estados Unidos y frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Esa declaración ocurrió antes de la determinación presidencial difundida esta semana y, por tanto, no constituye una respuesta específica al nuevo documento de Trump, pero revela la posición con la que México ha enfrentado este tipo de señalamientos.
El gobierno mexicano informó además el 8 de septiembre que, de las armas aseguradas durante el periodo presentado por el Gabinete de Seguridad, alrededor de 80 por ciento procedía de Estados Unidos. Sheinbaum ha utilizado ese tipo de datos para defender el principio de “responsabilidad compartida”: México combate producción, tráfico y organizaciones criminales; Washington debe actuar sobre consumo, armas, distribución y lavado de dinero dentro de su territorio.
Así, la nueva determinación deja una relación bilateral atravesada por una aparente contradicción. Estados Unidos reconoce que la cooperación con México está produciendo resultados y, al mismo tiempo, sostiene que esos resultados son insuficientes. Celebra operaciones mexicanas, despliegues militares y decomisos, pero eleva las exigencias sobre dinero, aduanas, redes financieras y corrupción gubernamental.
Para Sheinbaum, el problema político no será únicamente demostrar que México combate a los cárteles. La presión estadounidense se está desplazando hacia una pregunta más incómoda: qué está haciendo el Estado mexicano frente a las estructuras políticas, administrativas y financieras que eventualmente protegen al crimen organizado.
Y para Washington queda la contraparte de la discusión: si la estrategia bilateral pretende atacar toda la cadena, el escrutinio no termina en la frontera mexicana. También comprende quién consume las drogas, quién introduce las armas, cómo se lava el dinero y qué estructuras funcionan dentro de Estados Unidos.
La lista anual no rompe la cooperación entre ambos gobiernos. Tampoco coloca a México entre los países que Washington considera formalmente incumplidos. Pero el lenguaje utilizado por Trump muestra que la cooperación está entrando en una etapa de mayor presión: Estados Unidos ya no pide únicamente capturar narcotraficantes; exige que México demuestre hasta dónde está dispuesto a investigar el poder que los protege.
