Luego de algunas versiones emitidas por diputados sobre el que no son pocos los alcaldes que tienen problemas con la cuenta pública, vuelve la misma cuestión en torno al porqué se permite que los munícipes no vayan en regla mes a mes en estos tiempos de desarrollo fiscal electrónico.
Tiene tiempo que convenios aprobados por el congreso local, establecen lo necesario para que partidas federales directas al municipio, se administren por el gobierno del estado, pues más que la verdad en el pasado incluso reciente era claro la vida de faraones que se daban algunos alcaldes, a los que de plano metieron a la cárcel al no comprobar en qué se gastaron los dineros.
Esa situación se repite trienio a trienio, y no siempre en zonas indígenas como muchos creen, y son más las partidas etiquetadas manipuladas por municipios no indígenas, y que desde luego establecen las negociaciones pertinentes con sus dirigentes políticos y traficar influencias, llegar a arreglos, y así burlar la ley y lograr sin problemas la entrega recepción.
¿O cómo pudo ser la entrega recepción de Tuxtla con Yassir Vázquez Hernández?
Porque quien lo suple es Felipe Granda, en ese entonces panista, quien le entrega a la presente administración de Samuel Toledo Córdoba, de filiación priista, que se cayó todo el trienio el cómo es que hubo una obra denominada «¡Qué viva el centro!» que costó más de 400 millones de pesos, no se terminó, y no hubo culpables ni de la pasada administración, y ni por parte de las constructora irresponsable.
Y eso que fue a vista de todos los medios; en la sede de los poderes del estado.
¿Qué sucederá en los municipios en dónde los ojos censores del gobierno estatal no llegan con la precisión necesaria a realizar evaluaciones?
Luego aparecen las obras inconclusas, la sobrevaluación del gasto, el pobre impacto social del beneficio, y todas esas cosas que se han visto constantemente en una entidad pobre saqueada por sus propios presidentes municipales, o en su defecto, guardan silencio cuando desde el escritorio federal o estatal les imponen criterios aun vayan en contra de prioridades del municipio y su gente.
Desde luego hay obra necesaria que molesta, como las realizadas en la capital del estado en los libramientos de ésta: hoy están en muy buenas condiciones en casi todo su trayecto, no sin los errores o consecuencias de las tranzas que de siempre aparecen en éstas fuertes inversiones del gobierno, pues no podemos negar que la corrupción galopa por todas las estructuras de gobierno. Pero aun con ello, dichas obras viales beneficiaron a los tuxtlecos, como sucede en Tapachula con la vialidad más fluida, o en San Cristóbal con el cableado subterráneo para favorecer la vista arquitectónica de esa ciudad colonial.
Al momento las obras molestan, causan pérdidas, demoras.
Pero esas obras fueron hechas con dineros del gobierno del estado, del gobierno federal, y no de los alcaldes que muy seguramente las van a mencionar en sus informes –el tercero- respectivos como parte del relumbrón de su salida, y evitar así el juicio popular, como le ha tocado ya a Yassir Vázquez que ha sido abucheado públicamente, y puede que le suceda lo mismo a Samuel Toledo, un alcalde la verdad apoyado por Juan Sabines y que luego renegó de éste, al grado de no celebrar más en su administración los aniversarios luctuosos de Juan Sabines Gutiérrez, como lo hacían antes de que gobernara incluso su hijo, y que luego de éste pasó al olvido.
Así son los políticos y «sus tiempos», y hablando de tiempos pues los mismos se les terminan a los alcaldes para dar cuentas claras, al menos que el órgano superior de fiscalización no encuentre fallas, y palomeé a los alcaldes ya indicados -¿desde palacio; desde el congreso?-, aun en sus respectivos municipios los acusen de corruptos y de enriquecimiento bien explicable.
