El connotado politólogo Adam Przeworski ha sostenido una definición mínima y, a la vez, clara de la democracia: es el sistema en el que los partidos pierden elecciones. No es el que celebra comicios, sino el que admite la posibilidad de perderlos. Donde perder en las urnas se vuelve imposible, no hay una democracia enferma ni una democracia imperfecta; existe una dictadura. Conviene recordarlo, porque el lenguaje suele ser el primer territorio que ocupan los regímenes autoritarios.
Daniel Ortega lo dijo con una franqueza tal que ahorra cualquier eufemismo. El 19 de julio de 2026, durante el aniversario de la revolución sandinista, sostuvo que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición no “atrape” el poder. La frase clausura, en términos reales, los comicios de 2027, ya aplazados cuando el mandato pasó de cinco a seis años, y cruza un umbral que, incluso, los autoritarismos prefieren evitar: casi todos conservan la ceremonia del voto, aunque la vacíen de contenido, porque la ficción electoral les otorga una legitimidad barata. Ortega prescindió de la ficción. Ahí reside la gravedad de sus palabras.
Que se trate de una dictadura es una conclusión que se sostiene con dos pistas: la historia y el presente. El mismo Ortega que en 1990 perdió una elección ante Violeta Barrios de Chamorro y entregó el poder, es quien hoy decreta que las urnas ya no decidirán. Entre aquel gesto y este median tres décadas de desmontaje: el regreso al gobierno por el voto en 2007, la reforma de la Constitución para habilitar la reelección indefinida, las protestas de 2018 (más de trescientos muertos y más de 100,000 exiliados) y las elecciones de 2021, celebradas con siete aspirantes presidenciales tras las rejas. Cada paso fue legal en la forma y demoledor en el fondo.
El presente completa el cuadro. La ciencia política puede nombrar lo ocurrido: lo que Juan Linz llamó régimen autoritario y lo que Steven Levitsky y Lucan Way describieron como autoritarismo competitivo se endurecieron, en Nicaragua, hasta volverse un autoritarismo cerrado y personalista. La reforma constitucional de febrero de 2025 lo consagró: modificó 148 de sus 198 artículos, derogó el que prohibía la tortura, inventó una “copresidencia” para Ortega y Rosario Murillo, redujo los poderes del Estado a “órganos” del Ejecutivo y subordinó al Ejército a la Presidencia. Sin oposición, sin jueces independientes, sin árbitro electoral autónomo, la alternancia dejó de ser una posibilidad. Lo que queda es una dinastía en construcción.
Ante el rechazo internacional (la condena de Estados Unidos, el embajador de Panamá llamado a consultas, la preocupación de Uruguay, la exigencia europea de convocar comicios), el oficialismo matizó: habrá elecciones, dijeron Murillo y el presidente de la Asamblea, pero “blindadas” contra la “injerencia extranjera”. La rectificación es reveladora, pues un régimen seguro de sí no necesita corregir a su jefe en 48 horas. Es, además, la vieja justificación soberanista, la que confunde soberanía con impunidad y reduce el voto a un trámite decorativo. Hay que decirlo con todas sus letras: elecciones sin competencia, sin observación y sin adversarios no son elecciones.
Lo que ocurre en Nicaragua no es una anomalía regional. Se trata de una variante del molde que ensayaron La Habana y Caracas: el poder concebido como patrimonio familiar y la patria invocada como escudo frente a la crítica. Su costo lo pagan quienes miran desde el exilio y quienes, dentro, aprendieron que disentir se castiga.
Las dictaduras rara vez se anuncian, se disfrazan de mayorías, de urgencias, de patria amenazada. La nicaragüense tuvo, al menos, la franqueza de decir su nombre.
Queda la pregunta para el resto de los países de América Latina y el Caribe: ¿cuántas democracias sabrán reconocer a tiempo el instante en que las urnas dejan de decidir?
