El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, aseguró que se debe terminar con el aprendizaje formalista del derecho y ajustarlo al constante movimiento del panorama jurídico
Agencias / Redacción
[dropcap]L[/dropcap]os modelos de enseñanza del derecho deben modernizarse, por lo cual las universidades públicas de México se alinearán al nuevo sistema penal, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, durante su participación en la firma de los convenios entre la Secretaría de Gobernación (Segob), la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), por un Nuevo Sistema de Justicia Penal y Educación Superior.
«Los modelos de enseñanza tradicionales deben ajustarse al constante movimiento del panorama jurídico. Debe abatirse el aprendizaje formalista, y apostar por la renovación integral, para lograr que la práctica de la legalidad sea cotidiana, y que los futuros abogados adquieran capacidades argumentativas sólidas al esgrimir la constitución», dijo Chuayffet.
En su intervención, el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el Estado de Derecho se consolidará a partir del nuevo sistema penal y señaló que la reforma educativa tendrá un papel importante en ello.
«La reforma educativa ha puesto interés en impulsar programas de estudio en el campo del derecho. De allí al importancia del convenio que hoy firmamos, a través de reformas curriculares, es así como se fortalecerán los conocimientos y habilidades de aquellos que tendrán la responsabilidad de procurar y administrar la justicia», señaló Chong.
Osorio Chong agregó que el nuevo Código de Procedimeintos Penales que entrará en función en un año y medio requerirá la armonización de leyes y capacitación de los servidores públicos para su buen funcionamiento.
«La puesta en marcha requiere armonizar más de 400 leyes, crear nuevas infraestructuras y plataformas tecnológicas más modernas y eficientes… Programas de capacitación y educación continua, para que jueces, peritos, policías, ministerios públicos y litigantes, puedan actuar todos con mayor eficacia».
(Con información de Milenio)
