Es de obviarse que se requiere voluntad política y capacitación de quienes están en las fiscalías para que la persecución de los delitos contra las mujeres sea realizada con perspectiva de género, enfatizó el legislador federal
Redacción
[dropcap]E[/dropcap]l presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, Emilio Salazar Farías, reconoció que a pesar de que en los últimos diez años se han registrado avances con la creación de instituciones y leyes para proteger a la mujer, la violencia no disminuye por lo que enfrenta un grave incremento, reflejándose en la muerte de éstas.
El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios dolosos de mujeres en el país pasaron de mil 755 en 2015 a dos mil 585 en 2017, un incremento de 47.29 por ciento en tan sólo dos años. De ese total, en 2015 se habían calificado como feminicidios 389 casos y pasaron a 671 en 2017, un aumento del 72.49 por ciento.
Los niveles de violencia que sufre la mujer constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, ya que niñas, mujeres, jóvenes adultas y en edades avanzadas viven un infierno constante de sufrir algún tipo de violencia. La impunidad, al igual que sucede en el caso de otras conductas ilícitas, propicia que el ejercicio de la violencia se perpetúe y se desarrolle.
El diputado federal por el estado de Chiapas, apuntó que a la fecha en 29 entidades del país se han decretado alertas de género, lo cual nos muestra la gravedad de la crisis y la necesidad de redoblar esfuerzos para hacer cumplir la ley y garantizar la vigencia de derechos para todas las personas. La alerta de género es una herramienta insuficiente para hacer frente a esta realidad que lastima a la sociedad, hay la necesidad de modificar a la misma con la sugerencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es de obviarse que se requiere voluntad política y capacitación de quienes están en las fiscalías para que la persecución de los delitos contra las mujeres sea realizada con perspectiva de género.
Finalmente, Salazar Farías recomendó tomar en cuenta el planteamiento de la CNDH: «se necesita revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para aclarar los plazos de la alerta de género en sus distintas fases; regular en la ley y su reglamento que tanto en Poder Judicial como el poder legislativo y los gobiernos municipales sean interlocutores para hacer frente a la violencia feminicida; ampliar la convocatoria cuando un procedimiento esté por iniciar y se propicie que más académicas y académicos puedan participar y fortalecer, ampliar y asegurar la entrega de recursos etiquetados para las alertas, para que los gobiernos acepten como una tarea de responsabilidad y no como un castigo o cacería de brujas a gobiernos locales».
