Todo aquel que renuncia bajo la política de «ahorro», renuncia a todo derecho. Su antigüedad o sus logros por exámenes, no valen. Reciben una compensación 50 % menor a la justa, así lo confirman testimonios de afectados
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]n un oficio, las secretarías de Hacienda y de la Función Pública informaron que solo darán una «compensación económica» a los servidores públicos de diferentes dependencias a quienes, el gobierno federal ha pedido su renuncia por la política de austeridad y que obtuvieron su plaza a través de concursos y tras aprobar exámenes.
Dichos lineamientos establecen un monto de «compensación» que implica recibir hasta 50 % menos de lo que les corresponde tras la separación del cargo, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, asegura Manuel Fuentes, especialista en derecho laboral consultado por Animal Político.
Para todas las renuncias de este tipo se tiene previsto erogar mil millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, como parte del «Programa de Separación Laboral», con la clave R-066.
Empleados entrevistados, que prefirieron omitir su nombre debido que aún no reciben dicha compensación, explican que desde mayo pasado sus jefes inmediatos les solicitaron renunciar a sus plazas. No serían despedidos, solo debían firmar la renuncia y a cambio recibirían una compensación.
Se trata de empleados bajo la figura de servicio profesional de carrera, es decir, quienes han conservado y ascendido en su trabajo a través de concursos y exámenes; un mecanismo creado justamente para dar certeza laboral, evitar que cada sexenio los nuevos funcionarios contrataran a allegados, y para blindar la parte operativa de la administración pública, es decir, que quien desempeñara un cargo fuera el más apto.
Por eso, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el artículo 60, solo considera ciertos criterios para que un empleado con esta figura pierda su plaza, como renuncia, defunción, una sentencia que implique la privación de la libertad, incumplimientos a la ley, sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda evaluación de desempeño, y cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente.
Sin embargo, en este caso, los empleados no estarían incumpliendo con algún reglamento, sino que responde a la eliminación de plazas por la reestructuración de la administración pública, según se establece en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en el que se basa los lineamientos de «compensación».
Dichas disposiciones implican «cubrir una compensación económica a los servidores públicos de carrera titulares por la terminación de la relación laboral en la Administración Pública Federal para el ejercicio Fiscal 2019», según el oficio número 307-A.-0264, enviado el 1 de febrero pasado a los titulares de todas las Unidades de Administración y Finanzas y equivalentes de todas las dependencias.
De acuerdo al documento obtenido por Animal Político se establece que el monto de la compensación se calculará con «tres meses de sueldo mensual bruto sobre la base del cálculo del sueldo base y, en su caso, la compensación garantizada y 20 días por cada año de servicios ininterrumpidos como servidor público de carrera».
Sin embargo, de acuerdo al artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo se debe pagar con base al salario base más sus prestaciones. Por eso, al considerar solo el salario bruto, «puede tener incluso una repercusión de entre 25 y 50 % de su liquidación», afirma Manuel Fuentes, doctor en Derecho y profesor en la UAM.
Con esto «se anula el derecho del trabajador para conservar su plaza» y al manejarlo como compensación económica y no como indemnización «es como un apapacho si te vas, pero no es en términos de ley estrictamente».
«El gobierno está violando los derechos de sus trabajadores, está buscando una fórmula como un abogado de tercera y no como funcionarios o personas obligadas a que se esté respetando los derechos de los trabajadores», asegura Fuentes.
Incluso, en algunos casos tampoco están respetando su antigüedad laboral y, por tanto, la «compensación» es todavía menor. Aunque algunos piensan demandar y están en derecho de hacerlo, los juicios pueden llevarse el sexenio. «Ponen al trabajador en la calle y con esa zanahoria que ni siquiera está completa, está mordida», afirma el abogado Fuentes.
El documento de renuncia mostrado por los trabajadores señala «la reestructuración orgánica de la dependencia y la disminución de plazas llevada a cabo por el gobierno federal», por lo que se apegaban a las disposiciones para la compensación.
El oficio con las disposiciones fue firmado por Víctor M. Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario y Francisco Javier Varela Sandoval, titular de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y tendrá una vigencia hasta el 30 de junio de 2019.
Con información de Animal Político
