El abogado Silver Selvas Toledo lleva el caso de dos hombres originarios del ejido Puebla, quienes han sido sentenciados por el presunto homicidio de una niña, en mayo de 2016
Texto: Óscar Aquino
Fotografía: Jacob García
[dropcap]U[/dropcap]na serie de irregularidades han sido detectadas en el proceso al que son sujetas dos personas habitantes del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, desde el pasado mes de mayo del 2016, por lo que han sido sentenciados por el delito de homicidio.
Al respecto, el activista de derechos humanos Diego Cadenas, explicó que la huelga de hambre se debe, entre otras cosas, a la petición de libertad que los desplazados hacen para sus compañeros de nombre Javier Cruz y José Cruz, quienes. «Esto, tomando en consideración que el día de ayer se iba a llevar a cabo una audiencia de apelación, en la cual se debió haber resuelto la situación».
En dicha audiencia, comenta Cadenas, se esperaba que les fuera otorgada la libertad a ambos detenidos, cosa que no sucedió de esa forma.
Acerca del tema habló el abogado Silver Selvas Toledo, quien dio un panorama amplio de la situación que llevó a la cárcel a sus dos compañeros. Todo comenzó el 26 de mayo de 2016 se suscitaron ciertos hechos en la colonia Puebla del municipio de Chenalhó. Ese día ocurrió un enfrentamiento entre un grupo de esa misma colonia, el cual confrontó a otro grupo pequeño del mismo sitio.
«Lo que ocasionó fueron ciertos daños materiales, lesionados, personas fallecidas y en consecuencia el desplazamiento de todas las personas que se encuentran acá», explicó el abogado defensor de los sentenciados en cuestión.
Dijo que entre los lesionados estuvieron los ahora sentenciados, quienes fueron llevados al hospital de las Culturas en San Cristóbal y posteriormente al Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez, «con lesiones que tenían de arma de fuego en la mano y otro en la pierna. Ese mismo día, falleció también una menor, producto de un impacto de bala en la cabeza».
En ese momento, agrega el abogado, los dos ahora sentenciados se encontraban en el hospital y no tenían conocimiento de lo que le había ocurrido a la niña. «A los dos días de que se suscitaron los hechos, ellos fueron trasladados al Amate, por policías, sin que supieran cuál fue el motivo».
En el Centro de Reinserción Social, los dos fueron notificados por las autoridades de que serían imputados por el delito de homicidio. Posteriormente, el Ministerio Público utilizó una teoría propia tratando de encontrar a los culpables de la muerte de la menor.
«La Fiscalía dice que dos sujetos, el 26 de mayo de 2016, a la una o dos de la tarde, llegaron al domicilio de la menor, entraron cada uno con armas de fuego y frente a toda la familia, que eran aproximadamente 10 personas, a 10 metros de distancia detonaron las armas de fuego, cada uno hizo de dos a tres disparos y de esos disparos cayó la niña muerta».
El abogado comenta que la fiscalía argumentó tener tres testigos de que así fueron los hechos. «Se llevó todo el procedimiento, se llegó el día de la audiencia del juicio oral y ese día, la Fiscalía, de acuerdo con las reformas a la Constitución y al Sistema Penal Acusatorio que actualmente nos rige», tenían que demostrar realmente de qué murió la niña para poder acreditar el delito de homicidio.
Para el 4 de abril está programada la próxima audiencia del caso. Sin embargo, la defensa de los sentenciados, tendrá que encontrar las fórmulas legales que lleven a una posible solución de sus defendidos.
FRASE
«La Fiscalía dice que dos sujetos, el 26 de mayo de 2016, a la una o dos de la tarde, llegaron al domicilio de la menor, entraron cada uno con armas de fuego y frente a toda la familia, que eran aproximadamente 10 personas, a 10 metros de distancia detonaron las armas de fuego, cada uno hizo de dos a tres disparos y de esos disparos cayó la niña muerta»
