Los casos de Sandra de Los Santos y Gabriela Coutiño acrecentan la lista de casos de violencia contra comunicadoras registrados en 24 estados del país; a la fecha ya van 61 casos más de los que ocurrieron en el periodo 2012-2013, según CIMAC
Omar Flores Penagos / Portavoz
[dropcap]C[/dropcap]hiapas se suma a la lista de entidades donde se han registrado agresiones contra el gremio periodístico, sobre todo, contra las mujeres que ejercen este oficio. Esto quedó demostrado con la actuación del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor —quien ha manifestado su interés por contender a la gubernatura— ante las denuncias respecto al derroche del dinero público en el que incurre y que fue documentado por dos periodistas independientes.
El pasado fin de semana, la comunicadora Gabriela Coutiño —con más de 30 años de labor profesional—, corresponsal de MVS Radio, la agencia de noticias France-Press y colaboradora de Chiapas Paralelo, efectuó una denuncia de hechos debido a lo que consideró una agresión perpetrada en su contra por el mandatario tuxtleco, luego que ella informara del fracaso del programa «estrella» de su administración, «Una calle al día»; y demostrara que beneficia, a costa del erario, con obras exclusivas a la denominada Antorcha Campesina, organización que «destapó» sus aspiraciones.
Semanas antes, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ya había sido señalado por organismos nacionales e internacionales por una campaña de hostigamiento contra la periodista Sandra de los Santos Chandomí, directora asociada del portal de noticias Chiapas Paralelo y corresponsal de CIMAC, de nueva cuenta, después que ella publicara acerca de los excesos presupuestales en publicidad y combustible por parte de la administración municipal que preside Cal y Mayor. Por este incidente —que fue reprobado por la Red Nacional de Periodistas—, la Comisión Estatal de Derechos Humanos radicó una queja y emitió medidas cautelares en contra del edil.
Cabe señalar que ambas reporteras respaldaron su información con documentos a los que tuvieron acceso; y que en una ocasión, el gobierno municipal contrató publicidad para desmentir las acusaciones, demostrando con ello su tendencia al gasto desmedido.
Aumentan agresiones
Por su parte, la asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado en su reporte «El poder del cacicazgo», 147 casos de violencia contra comunicadoras en 24 estados del país, 61 más de los registrados en el periodo 2012-2013.
En el documento asentaron que los ataques se han «diversificado» y la ineficacia de las investigaciones obstaculiza la presentación de denuncias.
Gabriela Coutiño, en su denuncia de hechos dirigida a organismos internacionales, consigna este hecho al admitir: «Recurro ante ustedes, instancias nacionales e internacionales, y no ante la Fiscalía Estatal de Protección a los Periodistas u otras instituciones en el estado de Chiapas, porque hasta el momento no le conocemos alguna acción efectiva de protección a los periodistas que han sufrido agravios en Chiapas, y en la mayoría de los casos archivan las denuncias que se han interpuesto, o se remiten a levantar actas administrativas sin investigar y emitir sanciones a los agresores».
El portal Sinembargo retoma las experiencias de periodistas que celebraron diálogo en la capital —moderado por Lydia Cacho— en fechas recientes, donde salió a relucir que «la mayoría de las periodistas agredidas (el 70 por ciento) cubrían temas políticos en el momento de su agresión, así como sociales (21,7 por ciento) —que incluyen protestas por temas vinculados a los derechos humanos— y de seguridad (8,1 por ciento)», temas que justamente pertenecen a la agenda de las periodistas chiapanecas agredidas por el alcalde de Tuxtla Gutiérrez.
El mecanismo de protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha registrado de octubre de 2012 a junio de 2016 la denuncia de 82 mujeres periodistas, que representan el 35 por ciento de quienes están bajo protección de esta instancia.
Demandan protección
Justo el 16 de octubre, en su séptimo encuentro, mujeres periodistas de 19 estados de la República aglutinadas en la Red Nacional de Periodistas (RNP) demandaron al Estado mexicano esclarecer los casos de agresiones contra comunicadoras y cumplir los acuerdos internacionales que defienden la libertad de expresión.
Tras 15 días de esta reunión, la RNP emitió una carta en la que denunciaron los actos de hostigamiento y persecución que presuntamente emprendió el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, contra la corresponsal de CIMAC.
El Programa de Libertad de Expresión de esta agencia informativa señaló que 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son por parte de agentes del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal.
Tacharon de «simulación» las leyes de protección para periodistas y mecanismos (como la llamada ley Borge en Quintana Roo o las leyes de Hidalgo y Morelos) porque no garantizan la seguridad de las comunicadoras ni protegen la libertad de expresión, y pidieron que se fortalezcan las instancias de protección que funcionan y son reconocidas por periodistas.
Asimismo, las integrantes de la RNP repudiaron el contexto de violencia y censura generalizada en el país en contra de quienes ejercen y defienden el derecho a la libertad de expresión y el periodismo desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se han registrado 19 asesinatos y dos desapariciones de mujeres periodistas.
