Activistas en Chiapas enfrentan una grave situación de vulnerabilidad. El reciente informe de la Red TDT revela que exigir respeto agudiza el clima de violencia y pone en riesgo a quienes alzan la voz, como en el caso de la defensa de los territorios
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]l número de asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos revela que el activismo es una de las labores más riesgosas que una persona, sin importar su género, etnia o condición económica, puede desempeñar.
Históricamente, el sexenio de Enrique Peña Nieto destaca por las constantes violaciones a los derechos humanos y las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los colectivos y activistas que luchan contra la desigualdad, el despojo de las tierras y la violencia.
Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» (Red TDT) registró 302 casos de personas y colectivos que han sido objeto de violaciones y delitos por su labor.
En su más reciente informe, destaca que este estado sureño es una de las entidades federativas que presenta alta incidencia de estas situaciones; de manera específica, han sufrido mayores ataques aquellos defensores ligados a la defensa de la tierra y el territorio.
Además, Chiapas figura entre los siete estados que concentran el 69 por ciento de los casos de abusos hacia estas figuras, que fueron conocidos en los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto.
En lo que va del sexenio, Red TDT documentó 106 asesinatos y 81 desapariciones en todo el país. Chiapas, con 56 casos, es la entidad que acumula el mayor número de estas situaciones. Esa cifra representa el 18 por ciento del total de los registrados a nivel federal.
Siguen en la lista con mayor número de casos, Oaxaca, con 45 (14 por ciento nacional); Ciudad de México, con 37 (12 por ciento nacional); Guerrero, con 25 (con 8 por ciento nacional); Veracruz, con 21 (7 por ciento nacional); Puebla con 17 (5 por ciento nacional); y Estado de México con 16 (5 por ciento nacional).
Este clima de agresión que se vive, en específico, en Chiapas se debe a que existen agrupaciones perpetradoras de violaciones que de manera constante ponen en riesgo el trabajo de las personas y colectivos defensores de los DDHH.
En el informe «La esperanza no se agota: situación de las personas defensoras de los derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto», de Red TDT, se les reconoce como grupos de choque, empresas privadas, medios de comunicación o grupos de delincuencia organizada; asimismo, pueden tratarse personas que abusan de su poder y otras agrupaciones no especificadas.
De estos, los de choque son los que más violaciones cometieron en la entidad con el 61 por ciento; los ataques perpetrados por personas que abusan de su poder ascendieron a 17 por ciento; a la delincuencia organizada se le adjudicó el 6 por ciento; mientras que las agrupaciones no especificadas y empresas estuvieron detrás del 4 por ciento.
Ejecuciones relevantes
Red TDT revela que los estados del Sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, conglomeran el 61 por ciento de asesinatos cometidos contra personas defensoras en lo que va del sexenio. Además, estas tres entidades son también las que tienen mayor incidencia de agresiones en general.
El documento especifica que a pesar de los avances formales en el reconocimiento de derechos humanos —incluso a través de reformas constitucionales—, estos no han tenido reacciones efectivas en la política de protección y reconocimiento de activistas y organismos de la sociedad civil. Al contrario, se contraponen a su trabajo.
Los casos de activistas chiapanecos ejecutados más representativos han sido los de Humberto Morales Sántiz y Rodrigo Guadalupe Huet Gómez. De manera general, según el informe, se conocen otras siete ejecuciones extrajudiciales en la entidad; las de Juan Vázquez Guzmán, Armando Montejo López, Celestino Montejo Díaz, José Luis Solís López, Héctor López Sántiz, Juan Carlos Jiménez Velasco y Roberto Díaz Aguilar.
De 2012 a la fecha, se han publicado cinco leyes locales que, por un lado, criminalizan y/o coartan el derecho humano a la protesta; y por otro, abren la puerta para que se cometan violaciones graves al legalizar el uso indiscriminado de la fuerza pública, incluyendo el uso de balas de goma y armas de fuego contra manifestantes.
Quintana Roo, Puebla, Chiapas, Distrito Federal y el Estado de México son entidades que aprobaron leyes que vulneran los derechos humanos de los defensores. Aunque todas fueron fuertemente criticadas, sólo se abrogaron la de esta entidad (13 de agosto) y la de Puebla (22 de julio) en el año de 2014.
Riesgo latente por defender la tierra
La declaración sobre defensores y defensoras de derechos humanos reconoce la amplia diversidad que existe en este tema, pues la acción de quienes trabajan en torno a él cubre el derecho a la vida, a la alimentación y el agua, a la salud, a una vivienda adecuada, a un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.
La Red TDT señala que este tipo de violaciones muchas veces ocurren por la desinformación en torno a qué son los derechos humanos, y sobre el deber del Estado de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Hay otras causas más específicas que obedecen a campos de acción más focalizados.
En los casos específicos de Chiapas y Oaxaca, la mayor parte tienen qué ver con la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes de las localidades, no sólo frente a megaproyectos, también por conflictos históricos de posesión de tierras.
En el campo de la defensa de la tierra y el territorio —de acuerdo con uno de los informes de ese organismo—, Chiapas y Oaxaca destacan con la mayor incidencia al registrar 24 casos cada uno, contra personas y colectivos.
El documento especifica que el alto porcentaje de población indígena y que encabecen la lista de mayor biodiversidad del país pueden ser detonantes de los ataques. A mayor riqueza ambiental, mayores intereses sobre esos territorios; por tanto, las comunidades originarias tratarán de proteger lo que consideran el patrimonio de sus ancestros.
De acuerdo con la organización Global Witness, 185 ambientalistas fueron asesinados en 2015, cifra 59 por ciento más alta a la del 2014. También se mostró alarmada de que los asesinatos se cometieran cada dos días, en promedio.
En los casos relacionados con megaproyectos, 21 entidades federativas fueron las que destacaron. Oaxaca tiene el mayor número de registros con 13 casos, lo que conjunta el 20 por ciento nacional. En Jalisco hubo siete de esta naturaleza, es decir, el 11 por ciento nacional. Chiapas, Puebla, Chihuahua y Sonora registraron cinco casos cada uno, lo que equivale al 7.5 por ciento nacional.
El peligro de vivir en el sur
Hay otros campos de defensa igual de susceptibles a las agresiones. En la entidad, de los casos de violaciones reconocidos contra personas defensoras de DDHH, 22 fueron cometidos contra aquellos vinculados al acompañamiento a personas o colectivos y por criminalización de la protesta social.
A ellos se suman los 24 ya citados en el apartado anterior, así como los 13 relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales (conocidos como DESCA), y políticas públicas; dos, a la violencia e inseguridad; cuatro, al campo de movilidad humana, migración, refugio y desplazamiento interno; y dos al de mujeres, género y poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual.
El informe refiere que en Chiapas, Oaxaca y la Sierra Tarahumara (en Chihuahua) es un peligro defender los derechos humanos.
Por si fuera poco, la entidad, junto con Oaxaca y Guerrero están dentro de las entidades federativas con altos índices de pobreza y pobreza extrema, desigualdad y violencia. De ellas, el estado no sólo es el de mayor pobreza y pobreza extrema, también es el más desigual por encima de la media nacional.
La Red TDT evidencia que no se cuenta con datos relevantes que permitan conocer qué sucede cuando una persona o colectivo de derechos humanos acude a las autoridades en busca de protección. Relaciona esta falta de información a la omisión del Estado y su falta de interés ante la violencia contra las personas defensoras; tampoco hay datos precisos sobre investigaciones contra los responsables de las agresiones, en cambio los datos de este sexenio que sí están disponibles demuestran que lo único que prevalece es la impunidad.
