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Impunidad en territorio chiapaneco: cifras

Impunidad en territorio chiapaneco: cifras

La entidad se ubica entre las ocho entidades en donde la medición de esta arbitrariedad creció más de cinco puntos desde el 2016, de acuerdo con el informe realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP)

Esmeralda Fonseca / Portavoz

La impunidad es un cáncer que carcome a todo el país. Los índices de este problema han ido en aumento en los últimos años. En 26 de los 32 estados de la república se agravó el porcentaje de delitos que no se esclarecen; Chiapas se ubica entre las ocho entidades en donde la medición de esta arbitrariedad creció más de cinco puntos desde el 2016, de acuerdo con el informe realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
Los resultados del reporte titulado “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”, muestran que el estado presenta un cambio de clasificación; antes figuraba en el grupo dos de impunidad media y ahora aparece en el conjunto tres, donde se encuentran las entidades tipificadas con un grado alto; en 2016, reflejó un índice de 59.96, y para este año ascendió a 65.64, según la investigación.
Esto indica que el sistema de prevención del delito y procuración de justicia en Chiapas ha tenido problemas. En cuanto a esos últimos puntos, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en la entidad son: Lesiones, robo de vehículo, robo a casa habitación, homicidio e incumplimiento de asistencia familiar, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.
Incluso, el informe revela que hay delitos que tienen una fuerte presencia en Chiapas, que no son de los primeros, pero que están muy cerca de serlo, por ejemplo, los relacionados con privación de la libertad, violación simple, y todo tipo de robos, como de ganado y transeúnte.
Respecto al tema de Cadena Impune, se hace referencia al trayecto que comprende desde el comienzo de una averiguación previa o carpeta de investigación, hasta el momento de la sentencia del delito que le dio inicio.
De esta cuestión, se señala que en el estado se contabilizaron 20 mil 900 indagaciones precedentes iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante el 2016 que, en comparación con las 21 mil 851 del 2014, podrían significar una mejoría de las condiciones de seguridad, pero no es el caso.
La respuesta a ello es que a pesar de que en la cadena impune de la entidad hubo una disminución de la medición pasada a ésta, sobre los procesados e imputados, que pasó de 7 mil 748 a 3 mil 875, las averiguaciones previas no decrecieron en la misma proporción que los sentenciados; es decir, las primeras bajaron 4.4 por ciento, mientras que los enjuiciados bajaron 49.99 por ciento.
Además, en Chiapas se comenten 427.68 presuntos delitos por cada cien mil habitantes, una tercera parte de los mil 263.40 que acontecen a nivel nacional. La UDLAP encontró que hay algunos comparativos que explican el aumento del grado de impunidad de los mismos, sobre todo porque la cantidad relativa de delitos en la entidad es de las más bajas.
Ponen como ejemplo el porcentaje de sentencias condenatorias, las cuales se ubican en el 78.71 por ciento, en comparación con el 83.49 por ciento nacional; no obstante, a pesar que hay menos incidencia delictiva, las condenas se muestran rezagadas.
En tanto, en el tema del porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios, la entidad registra el 13.03 por ciento y a nivel nacional 27.48 por ciento, lo cual ilustra el alza en la impunidad del estado.
A su vez, el dato del porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia reafirma la impunidad, ya que en el estado es de 38.45 por ciento y a nivel nacional 27.72 por ciento. Entonces, esto evidencia que “las causas penales no se terminan y que sólo acumulan trabajo para los funcionarios responsables de la impartición de justicia”, indica el reporte.
Asimismo, la investigación observa que el eje del sistema de justicia de las dimensiones estructural y funcional es el que requiere mayor atención. Un ejemplo es la cantidad de policías judiciales por cada cien mil habitantes, en Chiapas es de 17.23 en comparación con 8.12 a nivel nacional.
Con este último dato, se concluye que “el problema del aumento de la impunidad en realidad está en toda la cadena impune, porque no hay la eficiencia requerida del personal humano, a pesar de tener un entorno bajo en incidencia delictiva”.

Índice de impunidad en el resto del país
En México, el tema de la impunidad es preocupante, ya que menos del cuatro por ciento de las denuncias tienen alguna resolución; entre algunas de las razones se hallan: contar con la mitad de los policías que como mínimo se necesitan, déficit de fiscales que indaguen delitos y tener cuatro veces menos jueces que el resto del mundo.
Los datos de la pesquisa también exponen que 93 de cada 100 delitos que se cometen en el país no se denuncian; mientras que la minoría de los ilícitos que sí se dan a conocer ante un Ministerio Público, su proceso de investigación, casi nunca deriva en una sentencia contra los implicados, de acuerdo con información de Animal Político.
La UDLAP recurre a 32 variables relacionadas con la eficiencia y la estructura del sistema de justicia, para calcular un indicador de impunidad tanto a nivel internacional, como nacional y por estado. El índice promedio nacional es de 69.84 puntos, un incremento respecto al año pasado que era de 67.42 puntos. Esto ubica a México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor de América.
De igual forma, el informe señala que “mientras que en 2016 un total de trece estados se ubicaban en niveles muy altos de impunidad y seis en impunidad baja o media, en 2018 el grupo con el peor desempeño aumenta hasta 16 estados y solamente dos casos se encuentran en impunidad baja o media”.
El estado de México es el que muestra la mayor alarma con un índice de 80.06 puntos, cuatro puntos más respecto a la medición pasada que era de 76.48, así como 11 puntos por encima del promedio nacional.
Le siguen otro nueve estados dentro de los 10 que tienen las mediciones más altas: Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo (77.33), Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).
De igual forma, se destaca el caso de ocho estados en donde el índice creció más de cinco puntos. Se trata de Aguascalientes (+7.48 puntos), Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), Guanajuato (+5.66 puntos), y Tamaulipas (+5.49 puntos). En contraste, sólo seis estados registraron un descenso: Morelos, Campeche, Colima, Michoacán, Querétaro y Yucatán.
El rector de la institución, Luis Ernesto Derbez Bautista, comentó en la presentación del reporte, que desde la publicación en 2015 del primer Índice Global de Impunidad (IGI), “la Universidad de las Américas Puebla ha señalado que la lucha contra la impunidad es el elemento clave de una estrategia para combatir la violencia y corrupción que afectan a México”.
En este nuevo IGI-MEX 2018, sostuvo, “no sólo confirma los resultados presentados por la versión publicada en 2016, muestra también que, al hacer caso omiso de nuestras recomendaciones, las autoridades permitieron que el nivel de impunidad estatal aumentara en –prácticamente– todo el país”, expresó Derbez Bautista.
Agregó que de mantener el ritmo de crecimiento de esta arbitrariedad de los últimos dos años, podría significar el “colapso total” del sistema de justicia en el país, ya que mientras que a nivel internacional existe un promedio de 16 jueces por cada cien mil habitantes, en México el promedio es de 3.9 jueces, es decir cuatro veces menos.
Como consecuencia, hay estados que “no tienen un sistema de justicia”. Los casos más críticos son Puebla con un promedio de 1.5 jueces por cada cien mil habitantes; estado de México con 2.32 jueces; Hidalgo con 2.5; Nuevo León con 2.56; Baja California con 2.73; Coahuila con 2.74; Tlaxcala con 2.82; Yucatán con 2.97; Tamaulipas con 3.08; Michoacán con 3.2; Sonora con 3.31 y Aguascalientes con un promedio de 3.34 jueces por cada cien mil habitantes.

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