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De los exalcaldes que se pueden ir al bote, son más los del PVEM y del PRI

De los exalcaldes que se pueden ir al bote, son más los del PVEM y del PRI

Aunque pareciera una acción de injerencia electoral, la instancia fiscalizadora ha hecho lo necesario para precisar que esto no se trata de una persecución a las siglas de ningún instituto político, y que es un ente apartidista que respeta la ley; mientras que la ciudadanía, quiere ver más corruptos tras las rejas

Julieth Rodríguez/Portavoz

Hay mayoría del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Revolucionario Institucional (PRI) entre los 23 expresidentes municipales que cuentan con denuncias penales interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE). Ello impediría que se postulen por medio de la reelección a cargos públicos.
No obstante, la instancia ha aclarado antes que esto no se trata de una persecución a las siglas de ningún instituto político, puesto que se trata de un ente apartidista cuya función es fiscalizar los recursos públicos. Asimismo, que tampoco el órgano es un “candado” para la reelección, sino que estar al corriente con la Cuenta Pública para postularse de nuevo a cargos públicos es una obligación estipulada en la recién reformada legislación electoral; entonces es la ley la que lo impide para aquellos con inconsistencias, y ellos —los del OFSCE— meramente son verificadores fiscales y administrativos que son respetuosos de lo enmarcado en las leyes.
La autoridad fiscalizadora anunció el lunes que han sido nueve pevemistas, ocho priístas, cuatro perredistas, uno de Nueva Alianza y uno de Acción Nacional, los que incurrieron en falta de comprobación de recursos asignados pues omitieron presentar las cuentas públicas de los ejercicios 2013 y 2014, así como por irregularidades detectadas durante los procesos de auditoría.
Mediante comunicado, informó que se trata de los exediles de Acapetahua, Amatán, Acala, Bellavista, Chenalhó, Escuintla, Larráinzar, Berriozábal, Bochil, Copainalá, Huehuetán, Mapastepec, Tenejapa, Tumbalá, Pantelhó, Reforma, Sabanilla, Tecpatán, Huixtán, Villa Comaltitlán, Chamula, Zinacantán y Ángel Albino Corzo.
Trascendió también que entre los vinculados a proceso penal se halla un actual magistrado en Chiapas. Además, se resguardaron las identidades de los exalcaldes en congruencia con el precepto de presunción de inocencia.
Se dio a conocer que Fiscalía General del Estado desarrollará las investigaciones “para determinar si los exservidores públicos cometieron delitos en contra de las haciendas públicas municipales, para que, en su caso, sean sometidos a proceso penal”.
En febrero del año pasado, el OFSCE lo advirtió. En esa ocasión, el auditor superior del estado, Alejandro Culebro Galván, habló la política de cero tolerancia a conductas de corrupción, y de sancionar cualquier daño patrimonial identificado. Todo desvío de recursos deberá ser detectado y recuperarse para que sean terminadas las obras presupuestadas, aseveró.
En octubre de 2017, la instancia fiscalizadora dio a conocer que el 80 por ciento de los presidentes municipales no iba al corriente en sus avances de entrega de cuenta pública. Por tanto, en esas condiciones, no cumplían el requisito para buscar reelegirse en el Proceso Electoral del 2018.

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