En México, luego del homicidio del juez federal Antonio Bermúdez, resurgió la idea de los jueces sin rostro; sin embargo, especialistas afirman que primero se debería terminar con la corrupción
Portavoz / Agencias
[dropcap]E[/dropcap]n Italia en los años 90 el país europeo implementó por primera vez en el mundo los llamados «jueces sin rostro», figura instaurada para proteger la identidad de los impartidores de justicia amenazados por la mafia de la Cossa Nostra.
En Italia, fueron asesinados al menos 24 jueces, entre ellos Giovanni Falcone, quien encarceló a más de 500 miembros de la mafia siciliana.
Un sistema similar fue desarrollado en Colombia en 1991 bajo el nombre de Justicia secreta o sin rostro, debido al homicidio de al menos 290 funcionarios por cárteles de la droga y miembros de la guerrilla.
En 1985, miembros del M19, milicia financiada por el narcotraficante Pablo Escobar, irrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá, tomó 350 rehenes y asesinó a 98 personas, entre magistrados y consejeros de Estado.
La justicia sin rostro reservaba la identidad de fiscales, jueces, tribunales y auxiliares de la justicia lo que permitió que el índice de homicidios disminuyera; sin embargo, en octubre de 1992 la fiscal Myriam Vélez fue privada de la vida y el programa fue disuelto en el año 2000.
Perú fue otro de los países en implementar en 1992 los llamados tribunales «sin rostro» para llevar ante la justicia a los terroristas del Sendero Luminoso y a miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, grupos que provocaron atentados en todo el país y la muerte de al menos 70 mil personas; sin embargo, la figura desapareció en 1997, debido a que inocentes fueron encarcelados injustamente.
Este lunes, ante el homicidio en el Estado de México del juez federal Antonio Bermúdez quien tuvo conocimiento de juicios relacionados a narcotraficantes, como Abigael González, El Cuini y Miguel Ángel Treviño, El Zeta 40, resurgió la idea presentada en 2011 por el PRI de crear los «jueces sin rostro», a fin de brindar protección a quienes laboran en el Poder Judicial.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez llamó a valorar dicho mecanismo, al igual que los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, así como la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace; sin embargo, especialistas afirman que nuestro país no está listo para implementar dicha figura, debido a que primero se debe terminar con la corrupción reveló el portal MVS Noticias.
