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Orden jurídico enfrenta nuevos retos con reforma político-electoral

Orden jurídico enfrenta nuevos retos con reforma político-electoral

Se ordena la creación de una Sala Regional Especializada del TEPJF, encargada de la atención del Procedimiento Especial Sancionador

Redacción/Agencias
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, reconoció que el orden jurídico mexicano “sigue enfrentando retos como los derivados de la reciente reforma político-electoral”.
Lo anterior, al establecer la creación de una Sala Regional Especializada del TEPJF, encargada de la atención del Procedimiento Especial Sancionador, la cual deberá atender los principios rectores del orden constitucional, se informó en un comunicado.
Carrasco Daza precisó que la nueva Sala Regional será la encargada de dictar las resoluciones para sancionar las conductas que transgredan la ley en materia de propaganda electoral.
De tal suerte que trabajará en coordinación con la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) para atender los asuntos con celeridad.
Para ello, el TEPJF y el INE firmaron el viernes 8 de agosto, un convenio para el intercambio de información en los procedimientos especiales sancionadores.
El objetivo del convenio es que tanto la Unidad del INE y la Sala Regional Especializada cuenten con los elementos necesarios que les permitan instruir y resolver de manera pronta y expedita, los procedimientos especiales sancionadores desde la presentación de la queja o denuncia, hasta la conclusión del mismo.
Por otra parte, el magistrado expresó que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial, así como por un juez competente y profesional que garantice la tutela judicial efectiva de sus derechos, aseguró.
Al dictar la conferencia Garantías judiciales del proceso penal en el procedimiento administrativo sancionador, dijo que para brindar una amplia protección de los derechos humanos, los juzgadores deben privilegiar la interpretación progresista del orden jurídico constitucional que atienda los principios de universalidad.
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que se deberán atender también los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Expuso que la carrera judicial contribuye a hacer realidad la tutela de los derechos fundamentales de las personas, ya que quienes aspiran a impartir justicia desde los tribunales deben cumplir los principios rectores de profesionalismo, independencia, objetividad, imparcialidad y excelencia para llegar a ser buenos jueces.
Carrasco Daza consideró que para ello, se requieren entre otras medidas, aprobar diversos exámenes de oposición que contemplan etapas complejas y rigurosas.
Subrayó que la reforma del artículo primero constitucional de 2011 representa un parteaguas en materia de protección de los derechos, ya que terminó con un sistema de jerarquización del orden jurídico.
Además, estableció que los juzgadores deben recurrir a las normas que más favorezcan al justiciable, incluyendo las establecidas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte.
En el Palacio de la Autonomía, explicó que para cumplir el objetivo de la reforma de 2011 es necesario garantizar la impartición de justicia efectiva, que permita preservar el orden social y generar condiciones de convivencia pacífica en la sociedad.
Comentó que las últimas reformas tienen el objetivo de garantizar una protección más efectiva de los derechos humanos en todos los procedimientos jurídicos, por ello se han establecido diversos principios rectores como el debido proceso, la presunción de inocencia y la óptima intervención del juez.
El magistrado dictó la conferencia magistral en el marco del “Taller casos emblemáticos. Procedimiento administrativo sancionador. Sufragio femenino y género” del II Curso de formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Dr. Héctor Fix Zamudio”.
(Con información de Notimex)

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