A casi un año de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la NOM 46, la tipificación como delito orilla a las mujeres a la clandestinidad
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]E[/dropcap]n nuestro país el aborto es legal en casos de violación, malformaciones genéticas graves o cuando la vida o salud de la mujer está en peligro, sin embargo, fuera de estas circunstancias determinadas, sigue siendo penalizado si es consecuencia de la elección de una mujer que está ejerciendo su libertad reproductiva. Es por esa razón que en Chiapas, distintas organizaciones no gubernamentales se han mantenido en la lucha por la legalización del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, argumentando que la criminalización orilla a las mujeres a realizarse abortos clandestinos, poniéndose en situaciones de alto riesgo.
De acuerdo con la integrante de la organización civil Emergente A.C, Ángeles Salinas, la mayor parte de los abortos en la entidad chiapaneca se realizan en condiciones insalubres, situación que cobra la vida de muchas mujeres, tomando en cuenta que en promedio se realizan dos abortos al día.
En entrevista, detalló que las mujeres que recurren a un aborto se encuentran entre los 18 y 34 años de edad, sin embargo, aquellas que están en la etapa universitaria, es decir, de 22 a 28 años, son quienes más recurren a los abortos clandestinos.
Lo anterior, según la activista, debido a la falta de información respecto a los procesos de interrupción de un embarazo legal en la entidad.
En este sentido, se refirió a la NOM 46, que describe los criterios para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y que es de aplicación obligatoria para todas las instituciones de salud, públicas y privadas, que conforman el Sistema Nacional de Salud en el país.
Refirió que a casi un año de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, la modificación a dicha NOM realizada el jueves 24 de marzo del 2016, misma que fue bautizada por activistas como «el milagro laico del jueves santo», Salinas asegura que aún existe desconocimiento, por lo que la criminalización de las mujeres que frenan un embarazo en Chiapas sigue estando presente.
Cabe señalar que lo que plantea esta NOM es que mujeres víctimas de violencia sexual puedan por un lado evitar un embarazo accediendo a la anticoncepción de emergencia y, en caso de quedar embarazadas como consecuencia de esta violación, puedan interrumpir su embarazo de así desearlo; en tanto la modificación consiste en que ya no se requiere que las mujeres presenten la denuncia ante el Ministerio Público, por lo que éstas pueden ir directo a los servicios de salud.
Abortando juntas
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Red Ddeser) denunció en el mes de agosto que la Procuraduría General de Justicia del Estado tenía al menos 87 carpetas de investigación contra mujeres que se practicaron un aborto por voluntad propia.
Agregó que en el estado se realizan cuatro abortos clandestinos por uno que se practica en un marco legal en una institución pública, incluso, cuando la modificación a la NOM 46 del estado establece que las mujeres que estén embarazadas producto de una violación, tienen el libre derecho de abortar.
Ángeles Salinas afirma que gracias a esta modificación el personal de salud está obligado a interrumpir el embarazo, hecho que las feministas chiapanecas describen como «un gran avance» en la materia, toda vez que anteriormente, la ley indicaba que si una víctima de abuso sexual debía presentar una denuncia ante el ministerio público para determinar o no acceso al aborto.
«El requisito que resultaba revictimizante ahora es un milagro del jueves santo, le llamamos así porque fue justo en ese día cuando las mujeres quedamos protegidas a nivel federal».
Cabe mencionar que otro de los cambios importantes a la NOM 46, fue el establecimiento de la edad de 12 años a partir de la cual las adolescentes pueden solicitar y acceder a los servicios de la interrupción legal del embarazo en casos de violación, sin la necesidad de contar con la autorización de sus padres o tutores.
Asimismo, la activista denunció que a pesar de haber solicitado información a la Secretaría de Salud para conocer las cifras del aborto en el estado, la institución no cuenta con estadísticas claras, razón por la que han decidido como activistas brindar acompañamiento durante el proceso de la interrupción a las mujeres que así lo deseen, esto para evitar que los servidores les pongan trabas y así poder llevar un registro de los abortos que se realizan y tener cifras más certeras.
Es a través del proyecto «Abortando Juntas» como esta organización apoya a las niñas, adolescentes y jóvenes que deseen llevar a cabo un aborto y tengan desconocimiento en el tema, y es gracias a esta labor, como han detectado que los meses en los que más abortos se realizan a nivel estatal es en diciembre, enero y febrero.
«Tenemos más solicitudes de acompañamientos en el último mes del año y los primeros dos, aún no determinamos a qué se deba este fenómeno, sin embargo, no le negamos el acompañamiento a nadie y tampoco las cuestionamos sobre lo que deseen hacer con su cuerpo», finalizó.
