Dos de los procedimientos administrativos sancionatorios son contra delegaciones de la empresa y dos contra sus representantes legales, precisó la Secretaría
Agencias
[dropcap]L[/dropcap]a Secretaría de la Función Pública (SFP) identificó «probables irregularidades administrativas» en un contrato de obra pública en la refinería Miguel Hidalgo, el cual fue firmado entre filiales de la empresa brasileña Odebrecht y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por esa razón, la Función Pública, a través de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, inició cuatro procedimientos administrativos sancionatorios, dos en contra de las filiales de Odebrecht y dos contra sus representantes legales.
Los procedimientos contra las filiales de Odebrecht se iniciaron luego de que, desde el 22 de diciembre del año pasado, la Secretaría de la Función Pública realizó una auditoría sobre los contratos que suscribió Odebrecht y sus filiales con dependencias de la administración pública federal, entre ellas Pemex.
Tras la identificación de las «probables irregularidades», la SFP notificó a la empresa brasileña y a sus representantes, quienes tendrán derecho al desahogo de pruebas, es decir, «dicha notificación no prejuzga acerca de la probable responsabilidad administrativa, la cual será determinada una vez agotadas las fases legales del debido proceso», indicó la Función Pública en un comunicado, emitido este miércoles 14 de junio.
El caso Odebrecht se conoció en diciembre del año pasado, cuando se publicó información en el sentido de que esa empresa realizó multitud de operaciones irregulares en al menos 11 países, incluyendo a México.
Hasta ahora las investigaciones apuntan a que exfuncionarios de Pemex son señalados de recibir dinero de la compañía brasileña a cambio de asignar contratos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció haber entregado sobornos por 450 millones de dólares a funcionarios de 11 países.
En México, la cantidad entregada fue de 10.5 millones de dólares, aunque hasta ahora no se ha revelado la identidad de quienes habrían recibido los sobornos, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no hablar del tema porque forma parte de un expediente judicial, y legalmente los datos se consideran como clasificados.
El pasado 7 de junio, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ordenó a Pemex entregar copias de los contratos y modificaciones, que realizó con Odebrecht entre 2006 y 2016.
