Especialistas en la defensa de los Derechos Humanos advierten que las consultas que realiza la Sener en Chiapas violan la Ley y la dignidad de los pueblos indígenas
Elizabeth Marina / Portavoz
[dropcap]L[/dropcap]a Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos más importante fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 y dentro de sus principales novedades destaca el reconocimiento de los derechos y los mecanismos de garantías que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales.
El artículo primero constitucional, señala que todas las normas referentes a los derechos constitucionales también deben considerar las resoluciones que existen en el marco internacional, lo que para algunos expertos es un acierto en México, considerando que el país cuenta con severas deficiencias en la materia, lo que le ha valido la acumulación de seis sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, a poco más de cinco años, las carencias y los abusos siguen pasando por alto la dignidad de los mexicanos, que de acuerdo con el coordinador de la maestría en la Defensa de los Derechos Humanos del Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, José Adriano Anaya, continúa siendo uno de los grandes problemas en el país y fundamentalmente en Chiapas.
La reforma energética, dijo, es la principal amenaza que tiene el estado, ya que además de conceder evidente ventaja sobre empresarios nacionales y sobre todo extranjeros, es un eminente riesgo para el medio ambiente y la salud de quienes habitan en territorios que han sido despojados como resultado de las concesiones del Gobierno Federal a empresas mineras.
Se estima que el 47 por ciento del territorio nacional –un equivalente a 92 millones de hectáreas, es decir la mitad del país- ha sido concesionado y que más de 160 mil hectáreas pertenecen a tierras campesinas del estado.
Las denuncias y protestas que han evidenciado el rechazo y la molestia de la población indígena zoque no han sido suficientes para echar abajo el despojo de sus tierras, y por el contrario, se realizan actividades arbitrarias que violan por completo el Marco Jurídico Internacional que, en el Convenio 169 indica que todos los programas de Desarrollo Económico que afectan a los pueblos originarios tienen que ser sometidos a consulta y a la aceptación de los habitantes, lo que según José Adriano Anaya no ha sido respetado.
Pese a que existen acuerdos internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana que indican cómo deben hacerse las consultas y que determina quiénes son los consultados, o en caso de no haber acuerdo, cuál es el proceso a seguir, pobladores denuncian irregularidades en los permisos.
«No se puede hacer concesiones sin antes hacer la consulta con pueblos originarios. Lo principal es darle a conocer a los habitantes el estudio de impacto ambiental y señalar a los pobladores los riesgos y los peligros que implica la autorización de una concesión minera, petrolera o geotermia como las que pretenden poner en los pueblos zoques», explicó el especialista.
Lo que ocurre en la entidad, no es nuevo. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha dicho que es un patrón que se repite en los megaproyectos, mismos que constantemente violan los derechos a la información, a la consulta y al consentimiento informado de la población.
Consultas mañosas
Para explorar y explotar hidrocarburos en zonas indígenas, es necesario que se tomen en cuenta los intereses y derechos de quienes habitan las comunidades, sin embargo, esta negociación resulta injusta, considerando que los pobladores ignoran los procesos judiciales y en algunos casos, son presionados para llegar a un acuerdo.
En octubre, la Secretaría de Energía (Sener) anunció en el ejido Miguel Hidalgo, del municipio de Tecpatán, así como en Pichucalco, Ixtacomitán y Francisco León que ya habían iniciado las consultas; sin embargo, integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque denunciaron que se llevaron a cabo sin la presencia de especialistas y no se informó ni advirtió sobre la implicación que los proyectos representan.
Las etapas generales del proceso de consulta comprenden al menos, cinco fases: de Acuerdos Previos; informativa; Deliberativa; Consultiva; y de Ejecución y Seguimiento de Acuerdos, mismas que la Sener inició en los meses de septiembre y octubre del 2016.
Sin embargo, de acuerdo con Fermín Ledesma, integrante de dicho Centro, en Tecpatán, Chapultenango y Francisco León las consultas han sido rechazadas y los pueblos se mantienen en total resistencia.
Caso contrario para Ixtacomitán, Ejido Linda Vista, Mariano Matamoros y La Candelaria en donde, la Sener afirma que se encuentran ya en la fase tres –la informativa- cuando sólo firmaron dos de los 72 ejidatarios que debieron estar de acuerdo en la consulta; además que en ninguno de los poblados indígenas se ha dado a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
«Sin el estudio de impacto ambiental no puede haber consulta, es un requisito fundamental que en estas zonas se está pasando por alto», indicó José Adriano Anaya.
Pueblos indefensos
La agricultura es el principal medio de supervivencia en los poblados indígenas y la mayoría de los pobladores sólo habla su lengua materna, lo que los deja en evidente desventaja ante las empresas y autoridades que buscan desalojar las tierras para el desarrollo de los proyectos, advierte Fermín Ledesma.
Por la falta de congruencia y las violaciones que se están llevando a cabo en los pueblos zoques, el cuerpo de abogados ya está trabajando en la impugnación del proceso de licitación, la ausencia de MIA y la violación a los derechos de consulta, pues la población no cuenta con intérpretes como la ley lo establece.
Además, se ha buscado el apoyo de empresas privadas tanto nacionales como extranjeras, como es el caso del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y se han valido de investigaciones independientes que organizaciones civiles e instituciones académicas han realizado en los últimos años.
Cabe mencionar que la convocatoria CNH-R02-L02/2016 comprende 12 pozos en una extensión aproximada de 845 kilómetros cuadrados que representa riesgos que son del conocimiento de las comunidades y los defensores, y especialmente de las autoridades, por lo que diversos activistas y organizaciones civiles se han sumado a la oposición de los proyectos de la industria extractiva en territorio zoque.
