El informe abunda también en la violación del derecho a la integridad personal con relación al derecho a la memoria de las personas fallecidas, debido a que la autoridad, advierte, fue omisa al permitir filtración a los medios de datos sobre las víctimas con los que éstas fueron estigmatizadas
Agencias
[dropcap]E[/dropcap]n la indagatoria por el asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte en 2015, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) contaminó la escena del crimen, omitió protocolos que exigen considerar el contexto de víctimas mujeres, defensoras de derechos humanos o periodistas, difundió información para criminalizarlas y, además, dejó líneas de investigación sin agotar.
Por tanto, concluyó ayer la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, el Ministerio Público capitalino incurrió en violaciones a diferentes derechos de los afectados por este crimen, como al debido proceso –en relación con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión–, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad personal y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
«A casi dos años de ocurridos los hechos, la PGJ-CdMx continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de las líneas de investigación constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia», dice la recomendación 4/2017, difundida este miércoles.
El crimen se registró el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte, dejando como víctimas a Mile Virginia Martin, de 31 años y de nacionalidad colombiana; Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 y originaria de Baja California; Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años y originaria de la Ciudad de México, así como Nadia Dominique Vera Pérez, de 32 años, nacida en el estado de Chiapas, y Rubén Espinosa Becerril, de 31 años y originario de la Ciudad de México.
Tanto Vera como Espinosa Becerril –la primera dedicada a la defensa de los derechos humanos y la promoción cultural, y el segundo fotoperiodista–, de acuerdo con denuncias que ambos hicieron públicamente, se habían trasladado a la Ciudad de México para escapar del clima de hostigamiento y amenazas que vivían en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde eran abiertos críticos del entonces Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
Pero ninguno de estos contextos, documenta ahora la CDH, fueron tomados en cuenta de manera inicial por los agentes ministeriales encargados de la indagatoria del crimen.
«La autoridad incumplió con su obligación de manera sistemática y continuada, debido a que el personal ministerial omitió realizar diligencias por motu propio que consideraran el contexto y antecedentes de agresiones, hostigamiento y amenazas por el desempeño de las actividades que orillaron al desplazamiento interno tanto de Nadia como de Rubén del Estado de Veracruz a la Ciudad de México», dice la CDH.
Desde un inicio, la PGJ-CDMX enfocó su indagatoria alrededor del circulo de la ciudadana de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martin, al cual presuntamente pertenecen las tres personas detenidas por el caso pero cuya información, como la relacionada con la delincuencia organizada, tampoco ha sido exhaustivamente investigada.
«La autoridad está obligada a investigar la información proporcionada por el probable responsable B (ahora sentenciado –el expolicía José Abraham Torres), quien ante la autoridad ministerial manifestó que el probable responsable C tenía vínculos con una organización delictiva; además que el día de los hechos, aunado a los vehículos en los que se transportaron al lugar del hecho, acudió otro vehículo, el cual permaneció fuera del departamento con otras personas a bordo, quienes venían acompañando al probable responsable C», dice la recomendación.
Otra omisión detectada por la CDH fue la contaminación del lugar en el que ocurrió el crimen, donde el primer agente ministerial que ingresó dejó huellas y no registró su presencia, mientras que sólo en una segunda inspección de la escena, días después, se encontraron elementos fundamentales para cerrar la investigación alrededor del círculo de la ciudadana colombiana, como las facturas de los vehículos relacionados con los hechos.
«Esta comisión acreditó que el personal ministerial que intervino en el lugar de los hechos omitió señalar, fijar y levantar durante su primera intervención la totalidad de los elementos criminalísticos relacionados con el hecho delictivo investigado, a pesar de haber quedado asentado en la diligencia que no se apreciaban mayores huellas o indicios relacionados con los hechos.», agrega la recomendación.
El informe abunda también en la violación del derecho a la integridad personal con relación al derecho a la memoria de las personas fallecidas, debido a que la autoridad, advierte, fue omisa al permitir filtración a los medios de datos sobre las víctimas con los que éstas fueron estigmatizadas.
«En relación a Nadia Dominique Vera Pérez, en un primer momento se destacó su participación como defensora de derechos humanos, incluso su propia familia refiere que al momento de su declaración, personal de la PGJCDMX lo primero que le cuestionó fue que si su «hija tenía muchos ideales», pero al poco tiempo, debido a las filtraciones informativas, se comenzó a destacar el hecho de que había consumido sustancias, que había bebido toda la noche, que había estado en una fiesta, todo ellos sin ningún contexto social ni personal, lo que desvió la atención hacia su propia responsabilidad por estar realizando actividades inadecuadas, dejando de lado las amenazas de las que previamente había sido objeto», agrega.
