La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, informó que ya revisan el patrimonio de la actual titular de Sedatu, sin embargo, dijo, por encontrarse en el proceso de aclaraciones correspondientes, tal cual dicta la ley, no puede otorgar más información
Agencias
[dropcap]A[/dropcap]rely Gómez González informó hoy que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisa el patrimonio de Rosario Robles Berlanga, actual titular de Sedatu, y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Las indagatorias se encuentran en la etapa de derecho de audiencia. Eso significa que Robles Berlanga, señalada por el presunto desvío de millones de pesos, y Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, están realizando aclaraciones correspondientes, indicó Gómez González, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.
«Sí, sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya, sin embargo, en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la ley, están en la etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa no puedo informarles más información al momento», mencionó.
Diputados señalaron una supuesta pasividad de la Función Pública (SFP) ante grandes escándalos de corrupción, y Arely contestó que la SFP también se encuentra revisando a otros funcionarios involucrados en los casos Odebrecht, Estafa Maestra y del socavón del Paso Exprés.
«Hay una gran cantidad de servidores públicos relacionados tanto con el Paso Exprés como con Odebrecht como con la Estafa Maestra donde se está verificando el patrimonio de servidores públicos y van en distintas etapas», aseveró.
«Tenemos entonces varios servidores públicos, ya sea de Pemex, SCT, Sedatu y no sólo de ellos que son los temas que han llamado más la atención en los últimos años, sino que también tenemos casos importantes», indicó.
En agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga tomó protesta como la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), continuó con cinco funcionarios públicos que también conformaron su equipo en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esto a pesar de que arrastraban 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos de posibles daños al erario público, de acuerdo con las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El equipo cercano que Robles trasladó a Sedatu estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.
«Con relación a mi persona no existe ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad», dijo Robles en una conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre. «Yo soy la titular, yo soy la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por eso hay órganos ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con nombre y apellido».
Agregó ante la prensa, en compañía de su exvocero Gustavo Rodríguez: «si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay pruebas de ello, que se proceda conforme a la ley».
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas.
Lozoya y Odebrecht
El 10 de octubre se supo que la información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la PGR no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.
El Ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es obligatorio para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.
La constructora reconoció ante la justicia estadounidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y ex presidentes, en una decena de naciones de la región.
La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.
En el caso mexicano, Odebrecht confesó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de ex ejecutivos de la constructora -como el ex director en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual Presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.
Pese a estas evidencias la Fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.
En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve ex funcionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.
La Fiscalía brasileña, por su parte, recordó que los países interesados en los datos de este expediente «deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores».
Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil «no está en posición de facilitar la información requerida», agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.
Por otra parte, Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque «no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados».
La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.
En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado, pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.
